Brasil contra la corrupción: más de un millón de personas pide renuncia de su Presidenta
Solo en Sao Paulo, un millón de personas salieron a las calles convirtiéndose así en la marcha más grande en la democracia de ese país.
Millones de personas salieron a las calles en todo Brasil para exigir la renuncia de la Presidenta Dilma Rousseff luego de que se destapara el caso de corrupción en la empresa Petrobras. Solo en la ciudad de Sao Paulo marcharon un millón de personas, según cifras entregadas por la policía, convirtiéndose en la protesta más grande de la democracia de ese país. Según consignó El Mundo, unas 50.000 personas salieron en Brasilia, 15.000 en Rio de Janeiro, 24.000 en Belo Horizonte y decenas de miles más repartidas en el resto del territorio carioca.
“Dilma y Lula a la cárcel”, “¡Fuera PT!”, “¡Nuestra bandera jamás será roja!” o “Brasil no será una nueva Cuba”, eran las principales consignas en las manifestaciones, en la que pequeños grupos exigieron una “intervención militar” para deponer a Rousseff.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, aseguró que las manifestaciones muestran que “Brasil está muy lejos de golpismos” y que los que defendieron posiciones extremistas fueron “una minoría” y la mayoría de la población “tiene un claro compromiso con la democracia”. Del mismo modo, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo “no fue debilitado” por las manifestaciones.
La jornada de protestas fue pacífica y tan sólo se registraron algunos incidentes menores y puntuales rápidamente atajados por la policía.
Las manifestaciones se llevan a cabo debido al denominado “caso Petrobras”, en el que la justicia investiga a 47 políticos por presuntas vinculaciones a los sobornos pagados por firmas constructoras para obtener contratos con la petrolera estatal. Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como “donaciones” para sus campañas electorales.
En la lista de indagados incluye a varios aliados clave del gobierno, como los presidentes de ambas cámaras del Congreso, así como ex ministros de Rousseff y miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). La Presidenta fue descartada de las investigaciones pese a que ella presidió el consejo de administración de la petrolera cuando ocurrieron estos hechos. Incluso algunos detractores aseguran que con estos dineros se habría financiado la campaña de Rousseff el 2010.
