El problema de la gratuidad universal

Hace pocos días el gobierno ha anunciado que una de las políticas que le interesa promover este año es la gratuidad universal en educación superior, idea que fue fuertemente defendida por el movimiento estudiantil del 2011 y respaldada por algunos grupos afines al gobierno.

Sin embargo para analizar una política pública tan compleja es bueno ver cuál es el problema real que se intentaría solucionar con una medida de esta naturaleza. El principal problema que se observa es el alto nivel de endeudamiento de quienes recién egresan de las instituciones y están por largos períodos pagando aquellos créditos, porque simplemente su familia no podía pagar su educación de forma inmediata.

Sin embargo, la propuesta de gratuidad universal no responde a ese problema. En primer lugar por las condiciones que traerá aparejada, por ejemplo si discriminaría o no a los alumnos que no eligen a universidades del CRUCH, o si pondría requisitos de control en cuanto a los contenidos y al proyecto educativo de las instituciones, lo que disminuiría la libertad de educación. Además no debemos olvidar que pagarle la educación a quién si puede hacerlo es un error muy caro y castiga a quienes tienen menos en sus legítimas expectativas de salud o vivienda, por ejemplo. Resulta falaz el argumento que dice que porque el Estado no paga la educación de alguien vulnera su derecho, ya que precisamente la función del Estado es permitir que las personas que no pueden acceder a la educación teniendo las capacidades lo hagan, ya que quienes sí pueden acceder a la educación ya cuentan con esa necesidad cubierta.

Todos sabemos que debemos tener un énfasis especial por los más pobres y este tema no es la excepción. Si tomamos los datos de la última encuesta Casen y aceptáramos la gratuidad universal el 45,6% de todo lo que gastaríamos se iría en financiar la educación del 20% más rico de la población, ya que las carreras que estudian son más caras y existe una cobertura mucho mayor, en la otra vereda del total que nos costaría esta política tan solo un 7,6% de los recursos los recibiría el 20% más pobre de la población, una evidente injusticia para las personas más desposeídas de este país.

Todo sistema de educación superior que aspire a ser de calidad y por tanto competitivo en el mundo moderno debe recibir la mayor cantidad de recursos posible de la mayor cantidad de fuentes disponibles, si aceptamos lo anterior resulta ilógico impedir que quienes puedan pagar su educación sí puedan aportar al sistema. Esto puede ser complementado con otras iniciativas como por ejemplo fomentar las donaciones hacia estas instituciones o generar otros ingresos.

En conclusión, si nos preguntan si el Estado debiera garantizar el derecho a la educación superior de aquellos alumnos que tienen las capacidades, la respuesta es sí. Porque entendemos que garantizar está lejos de significar exclusivamente financiar y mucho menos proveer. El Estado no tiene ninguna obligación financiera con quién si puede pagar su educación, ya que esa persona puede ejercer por sí mismo su derecho, en cambio urge una política financiera de la educación superior que permita que accedan a ella los alumnos más talentosos del país, independientemente de su origen social o económico.