Fiscal Toledo da a conocer mails que dan cuenta que Caval podía "agilizar plan intercomunal"
La comunicación fue entre Marcelo Barrientos (abogado y ex alcalde de Rancagua) y Manuel Guerrero, gerente general de Ruta 86, la matriz de negocios de Hugo Silva, el comprador de los terrenos en Machalí.
El fiscal regional de O´Higgins, Luis Toledo, dio a conocer una serie de correos electrónicos en medio de la audiencia en la cual el Juzgado de Garantía de Rancagua desestimó alzar el cheque por $2 mil millones, que era parte del pago de la compra de los tres terrenos de Machalí y que fue incautado por la Fiscalía en marzo pasado, en el marco del caso Caval.
En uno de los mails leídos por el persecutor da cuenta de que Caval “tiene un peso muy especial para agilizar y acelerar la vigencia del plan intercomunal, en un plazo muy breve, en cuyo caso es posible que la inversión que se haga se pueda recuperar en un plazo más corto y con mayores utilidades“.
Según Toledo, la comunicación se dio entre Marcelo Barrientos (abogado y ex alcalde Rancagua) y Manuel Guerrero, gerente general de Ruta 86, la matriz de negocios de Hugo Silva, el comprador.
Además, el fiscal reveló que en el mencionado correo electrónico se establece un contrato entre Barrientos, Andrés Levire (abogado ligado a Caval) y un tercero para gestionar la venta de la empresa Caval a Ruta 86. Negocio que se realizará a través de Barrientos.
Indicios de estafa
De igual modo, el fiscal Toledo mostró documentos donde se demostraría “indicios de engaño” por parte de Caval a Silca -propiedad de Hugo Silva-, durante la venta de tres terrenos en Machalí por $9.500 millones.
Uno de ellos es “esta facilidad de Caval para agilizar los trámites del plan regulador intercomunal. Esto lo dice expresamente uno de los mandatarios de Caval, Mario Barrientos Ossa, en un correo a Mario Guerrero”.
Otro tiene relación con un contrato con Aguas Sustentables, empresa ligada a Sergio y Álvaro Covacevich y que buscaba inversionistas mexicanos, con quienes se selló una promesa de venta, la cual no prosperó.
Además, un contrato de la sociedad Gestión Inmobiliaria “que aparece para el querellante una necesaria tentación, por así decirlo, de que efectivamente Mauricio Valero (socio de la nuera de la Presidenta), a través de esta sociedad, iba a ser capaz de venderle a $27 mil millones a los mexicanos, porque el contrato seguía con ellos”, explicó Toledo.
Según los querellantes, esto habría sido usado por Caval mientras se negociaba con Silva, pese a que las tratativas con los mexicanos se habrían frustrado.
“En consecuencia, existen elementos, indicios, no estoy hablando de pruebas, que permiten y justifican investigar y, en consecuencia, hacen sustentable la petición de la fiscalía para mantener la incautación de este cheque hasta que no se decida finalmente respecto de la concurrencia material del delito“, afirmó el persecutor.