Los reparos a la propuesta del Gobierno por la "Agenda Corta Anti Delincuencia"
Diputados y organizaciones acusaron que el Gobierno endurece las penas sin garantizar mecanismos que permitan la reintegración social efectiva de personas en conflicto con la justicia.
El diputado Giorgio Jackson aseguró que la Agenda Corta Anti Delincuencia tendrá efectos nocivos “a todo nivel”, y que pese a que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara conoció las postura de varias instituciones y organizaciones dedicadas al ámbito penal, quienes se declararon en contra, el proyecto seguirá adelante en su tramitación
Según organismos como la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el proyecto del Ejecutivo, con el objeto de mejorar la persecución del hurto, el robo y la receptación, infringen los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley. El parlamentario de la bancada estudiantil, sostiene que quienes haya cometido un delito contra la propiedad (y no contra bienes jurídicos más esenciales, como la vida), verá considerablemente reducidas sus posibilidades de acceder a penas, como la libertad vigilada, por ejemplo, y tendrá que ir obligatoriamente a la cárcel. Aun cuando sea primerizo.
Datos de la Fundación Paz Ciudadana consignan que quienes cumplen penas privativas de libertad tienen una tasa de reincidencia del 51 %, frente al 28 % de quienes tienen acceso a penas alternativas. Otro estudio publicado por Gendarmería de Chile el año 2013, la reincidencia general alcanza un 20,78 %. El 13,79 % proviene del sistema cerrado; el 6,81 % de los reincidentes cumplió condena previa en el medio libre; sólo el 0,02 % participó de los Centros de Educación y Trabajo y el 0,17 % estuvo sujeta al control del sistema postpenitenciario.
Pese a esto, el proyecto del Ejecutivo pretende crear 10 mil nuevos cupos en las cárceles y limitar el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional.
Jackson afirma que “el sistema penitenciario está en crisis. Funciona con un hacinamiento que en el caso de algunos recintos supera el 300 %. Los programas de reinserción social ni siquiera alcanzan para el 20% de los internos, las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas al interior de los penales, no existen condiciones de higiene mínimamente aceptables, y gendarmería ya no da abasto. Por todas estas razones, el encierro sólo genera un importante desarraigo familiar y social, además de reproducir la criminalidad tanto a nivel de los individuos como de sus familias y comunidades”.
Según el parlamentario la política criminal adecuada que debiera optar el Gobierno se tiene que centrar “en la exclusión social y la segregación, que son el origen de la delincuencia, y no únicamente en sus supuestos síntomas, como lo es la inseguridad de la ciudadanía, pues de otro modo el Gobierno no hace más que naturalizar la inequidad y diseñar políticas —o leyes— que marginan a quienes, al parecer, no gozan del estatus de ciudadanos”.
Jackson argumenta con datos de la Fundación Paz Ciudadana que consignan que mantener a 5 mil nuevos internos (la mitad de las personas a las que el Estado está dispuesto a encarcelar) tendrá un costo de 19,2 mil millones al año. El informe financiero del Ejecutivo contempla sólo 400 millones. “¡48 veces menos que el costo real! Es decir, acá no se están transparentando los costos reales de estas medidas, o se pretenden implementarlas sin financiamiento”, dijo.
“La propuesta presentada por el Ejecutivo, tiene una mirada reduccionista y neoconservadora del fenómeno delictual, endureciendo las penas, sin realizar mayores esfuerzos en garantizar mecanismos que permitan la reintegración social efectiva de las personas en conflicto con la justicia. Algunas adiciones que pretenden incorporarse, como el control preventivo de identidad, además la Comisión ya conoce todas estas opiniones. Es de esperar que actúe en conformidad”.
Quienes se sumaron a los dichos de Giorgio Jackson fueron Carlos Sánchez, director ONG Leasur; Viviana Camilo, presidenta ADIPTGEN, funcionarios de Gendarmería; Juan Pablo Mañalich, profesor de Derecho Penal, Universidad de Chile; Leonardo Moreno, profesor de Derecho Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado; y las diputadas Loreto Carvajal y Karol Cariola.