La licitación fantasma del Transantiago

No es necesario convencerse de que relicitar los servicios del Transantiago es una oportunidad fenomenal. Parte de lo que funciona mal con el transporte público capitalino es consecuencia de contratos deficientes, que lamentablemente como ya están firmados, hay que respetar. Y por años nos hemos debido tragar esos errores. La licitación de una nueva concesión, justamente, te da la opción de repensar, rediseñar, corregir, y aprovechar lo que has aprendido para cambiar las cosas.

Para muestra un botón: El Observatorio Transantiago, una entidad que monitorea el sistema para dar una opinión técnica independiente, ha dicho que las multas de los contratos no funcionan. Mes tras mes las empresas nunca cumplen los tiempos de espera, por lo cual se les cursan multas todos los meses, y aun así siguen incumpliendo… parejitas. No hay que tener los doctorados que tienen en el Observatorio para llegar a la conclusión: las multas no les hacen ni cosquillas a las empresas. Es imperativo cambiarlas, y una licitación te abre las puertas más amplias para hacerlo porque las rediseñas como quieras.

La licitación también te da la oportunidad de chequear que los costos del sistema no están inflados. Al tener que competir las empresas por ganar la licitación, se sinceran los precios, y eso puede significar buenas noticias para la tarifa. ¡Lo que le pagamos a las empresas debe ser resultado de un proceso abierto y competitivo, no de las habilidades negociadoras de astutos personajes! El subsidio al Transantiago, siempre tan polémico, merece que tengamos un sistema transparente que nos dé confianza de que no estamos regalando la plata.

Cuando llegó al poder, este gobierno sabía obviamente que los contratos de Redbus y STP se acababan pronto. En vez de trabajar abiertamente en una licitación, guardó silencio. Un año pasó. Hoy, con el plazo encima, ya es evidente que no habrá licitación. Es imposible llamar a licitación, que los potenciales interesados presenten ofertas, que se adjudique y se ponga a andar los nuevos servicios, todo eso en semanas. Y como el gobierno no puede simplemente dejar que decenas de recorridos desaparezcan, es evidente la solución parche: se negoció con las empresas una extensión de su contrato. Y es inminente su materialización, te guste o no.

La última vez que el gobierno negoció a nuestras espaldas con las empresas del Transantiago fue a finales del gobierno de Sebastián Piñera y nos fue mal. Se aumentó el pago a las empresas, se redujeron las multas por incumplimiento de frecuencias y regularidad, y una de las empresas, Express, pudo optar a una indemnización fiscal de $30 mil millones por “buen servicio” a la que no habría tenido acceso sin esa negociación. Ni un solo medio de comunicación se enteró de que había una negociación en curso, y por ende la ciudadanía no supo qué estaba sucediendo. Los periodistas ni siquiera se enteraron cuando se formalizó finalmente el cambio de contrato (enero 2014). Escribí en su momento en detalle sobre el asunto y por lo menos el programa Contacto de Canal 13, ocho meses después, cubrió el caso. Pero ya era tarde: los nuevos contratos estaban firmados y en operación. Todo ya oleado y sacramentado.

El jefe del Transantiago, Guillermo Muñoz, dijo ante las cámaras en esa oportunidad que si Contraloría había visado los cambios a los contratos, entonces no había problema. No señor. Contraloría solo mira que el gobierno actúe de manera legal, pero no mira que la plata se gaste eficazmente o que las reglas de los contratos sean sensatas. Pagarle más a una empresa es legal, pero eso no significa que sea bueno hacerlo. Reducirle las multas a las empresas por mal servicio es legal, pero ¿es eficaz? De hecho, una de las recomendaciones que nos acaba de dar la Comisión Engel (o Comisión Anticorrupción) precisamente es crear una unidad que vigile que la plata se gaste inteligentemente, y no solo que se gaste legalmente, precisamente en referencia a las limitaciones de Contraloría (páginas 52 y 53 del informe).

Recientemente el Ministro de Transporte dejó ver, por fin, que no tenía la menor intención de licitar este año. Dijo que la licitación de servicios del Transantiago será en 2018, y que los contratos actuales “se podrían extender por tres años”. ¡Como si pudiera decidir si extenderlos o no cuando están a semanas de terminar! Evidentemente ya lo decidió aunque lo calle, porque se le acabó el tiempo. El gol se concretará en cuestión de días.

El Ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo, en definitiva, nos engatuzó. Nos quiere hacer creer que no había una licitación del Transantiago este año, cuando es él quién decidió postergarla. En su Cuenta Pública anual, listando su trabajo en 2014, no mencionó ni una palabra sobre el fin de los contratos, nada sobre la licitación del Transantiago, ni menos su propia decisión de no realizarla, con toda la relevancia que una decisión así tiene. Y no hay ni una palabra de las negociaciones que evidentemente ha debido realizar con las empresas para extenderles el contrato por tres años; ni mención de qué está entregando el Estado en esa negociación, pues en toda negociación debes entregar algo para obtener algo. Su Cuenta Pública es un engaño.

Estoy seguro que si mañana los periodistas salieran a apretar al Ministro, al jefe del Transantiago, y a los ejecutivos de Redbus y STP, rápidamente admitirían que han estado negociando. Probablemente no tan rápidamente hablarían de si en esa negociación hay cambios en la tarifa que se les pagará a las empresas, o si hay indemnnizaciones fiscales como la última vez. Eso habría que sacárselos a tirabuzón. Ante la pregunta obvia al Ministro de por que dejó pasar esta oportunidad para licitar, prefiriendo patear el asunto para 2018 (cuando este gobierno ya no esté), sospecho que con algún malabar trataría de convencernos de que era mucho mejor postergarlo…. En una de esas, quizás habría mérito en alguno de sus argumentos; quizás nos convencería que era mejor negociar que licitar. Pero el punto no es ese. El punto es que jamás oiremos los argumentos, buenos o malos, porque ocultan su actuar. El punto es que negocian con nuestro dinero y con los servicios que recibimos, sin contarnos. El punto es que tuercen sus cuentas públicas para no dar cuenta de lo que realmente hicieron. El punto es que hablan de transparencia y no la practican. El punto es que creen que se mandan solos y que no le deben explicaciones a nadie. ¡Qué manera de no entender el nuevo mundo en que vivimos!