Lucros inmobiliarios: por fin un gobierno atinó
Como consecuencia del mediático negocio inmobiliario de Caval, la presidenta Bachelet anunció con bombos y platillos en La Moneda que era urgente establecer reglas claras y parejas para evitar que, con información privilegiada, algunos actores del mercado, siempre los más avispados y amiguis del Minvu, obtuvieran ingentes plusvalías territoriales con los cambios de usos de suelos y con las modificaciones.
Patricio Herman es Presidente Fundación Defendamos la Ciudad
Tal anuncio lo hizo en una colorida ceremonia en Palacio con los veintitantos miembros del denominado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), instancia colectiva creada en el gobierno de Piñera, presidida por el arquitecto DC y antiguo funcionario del Minvu, Luis Eduardo Bresciani. En este Consejo intervienen diferentes personas que, digámoslo con claridad, quizás con alguna excepción, son representativas del establishment político-empresarial-docentes universitarios.
Curiosamente en la fotografía de rigor, en la cual se observa a la presidenta Bachelet rodeada de sus distinguidos acompañantes, divulgada en la prensa, se veía al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quién al más puro estilo del mundo mágico de Macondo, inmediatamente después de ese acto público criticó la decisión del gobierno porque su sector empresarial ya se había acostumbrado a los privilegios.
En efecto, los privados especialistas en explotar el recurso suelo para propósitos inmobiliarios siempre han influido para que los distintos gobiernos no legislaran al respecto. Mal que mal, las donaciones que entregaban en los períodos de elecciones las grandes empresas a los distintos candidatos necesariamente debían tener “contraprestaciones”, pues en esta vida nada es gratis: por ello nunca se legisló.
El caso de las 44 hectáreas rurales en Machalí de Caval está radicado en el Ministerio Público de la 6ª Región de O¨Higgins porque todos los intervinientes se sienten engañados entre ellos mismos, debido a que no prosperó la mera expectativa del cambio de uso de suelo de esas pocas hectáreas.
Si hubiera tenido éxito el trámite de la modificación urbanística en el Plan Regulador Intercomunal, ya iniciada en la época de las tratativas iniciales y suspendida por razones obvias, ningún medio de prensa estaría investigando las intrincadas relaciones entre vendedores, compradores, consiglieri, abogados, arquitectos, lobbystas UDI, síndicos de quiebras, inversionistas mexicanos y otros tantos interesados.
Pero debemos tener presente que para ello, es decir, para que el pingüe negocio prosperara en los términos previstos, era indispensable mantener con un bajísimo perfil el cambio de uso de suelo. Si ello hubiera acontecido, el asesor chillanejo Bustos, al haber recibido su comisión pactada verbalmente por su trabajo de conseguir que Luksic recibiera en sus aposentos al matrimonio Dávalos-Compagnon, no habría demandado a Caval y ningún medio de prensa hubiera estado hablando con tanto interés del caso. Lo más importante: la Presidenta habría disfrutado de unas apacibles y entretenidas vacaciones en Caburgua y en estos días estaría con un excelente humor y posiblemente Peñailillo seguiría como ministro del Interior.
Está claro entonces que los beneficiosos cambios de usos de suelo se deben mantener en reserva porque, por ser tan atractivos para unos pocos, producen maledicencias en las mayorías ciudadanas que no están relacionadas con las cúpulas del poder y al respecto recordamos lo que sucedió hace poco tiempo en la región metropolitana de Santiago con un injustificado cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales a urbanas, denominado PRMS-100, que benefició a unos cuantos particulares, algunos de ellos connotados actores de la vida social del país, quienes le pidieron al Minvu ese cambio en las reglas del juego: es evidente que 10.000 hectáreas son mucho más que 44 hectáreas, pero entonces nadie dijo nada.
Ese cambio en el uso de suelo que generó automáticas plusvalías a quienes disponían de esos terrenos se produjo debido a una procaz mentira del ex intendente Fernando Echeverría, quien les aseguró a los cándidos consejeros regionales que debían votar ese PRMS-100 que él mismo había logrado la firma de un Protocolo de Acuerdo con el Ministro de Hacienda, mediante el cual se le iban a transferir 80 millones de dólares al gobierno regional para la mantención de las áreas verdes contenidas en ese PRMS-100.
Pero ese Protocolo nunca existió, como nos lo confirmó formalmente Cecilia Pérez, intendenta que sucedió a Echeverría, cuando éste fue nominado por Piñera como ministro de Energía por 24 horas. Los mencionados consejeros, con la certeza entregada por Echeverría, votaron a favor del cambio de uso de suelo, con lo cual se configuró un vicio que puso en entredicho la Resolución Administrativa que firmó más adelante el intendente Peribonio.
La Contraloría, entidad que ya había rechazado en innumerables ocasiones ese cambio de uso de suelo, finalmente tomó razón de tal Resolución y sus provechosos efectos ya están produciendo los resultados esperados por los especuladores de turno, los cuales debieran estar un tanto preocupados porque la Federación Aérea de Chile, sin aludir al vicio mencionado, interpuso en los tribunales de justicia una demanda de Derecho Público con el fin de dejar sin efecto dicho PRMS-100, pues en su tramitación se vulneraron determinadas disposiciones de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Una de ellas es la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, obligatoria para estos cambios urbanísticos. La demanda en la actualidad está radicada en la Corte de Apelaciones de Santiago y como sabemos que la institucionalidad que no se ha desviado está cansada con tanta corrupción, visualizamos que sus magistrados anularán este formidable negocio entregado en bandeja a los apitutados de siempre.
En resumen, si no hubiera tanta gritería por el antiestético caso Caval, Bachelet no habría tomado la decisión que hemos reseñado. Lo importante es que el conocimiento público del escándalo sirvió para que el gobierno envíe con suma urgencia al Congreso la ley de captura de plusvalías, mediante la cual el Estado, con nuevos recursos monetarios, asumirá su responsabilidad de invertir en bienes públicos que beneficiarán a las ciudades en su conjunto.
