Las asignaturas pendientes de la Ley de Fomento del Reciclaje
La incorporación en la futura ley del principio de inclusión facilitará la incorporación de los recicladores de base como gestores de residuos. Además se promueve la Responsabilidad Extendida al Productor, es decir la obligación de las empresas de recuperar y disponer adecuadamente los residuos generados.
Mayling Yuen es Directora de proyectos en Fundación Casa de la Paz, Ingeniera en Medio Ambiente, Magíster © en Planificación y Gestión Ambiental de la Universidad de Chile.
Justo en la previa del Día Internacional de Reciclaje, que se conmemora hoy domingo, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó -de manera unánime- el proyecto de Ley Marco de Residuos, Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor, dejándolo a un paso de hacerse realidad.
A nuestro juicio, se trata de una iniciativa importante debido a que permitirá hacer frente al preocupante récord que nos ubica como el país con mayor tasa de generación de residuos sólidos en la región. Otro aspecto relevante es la incorporación del principio de inclusión que facilitará la incorporación de los recicladores de base como gestores de residuos. Además se promueve la Responsabilidad Extendida al Productor, es decir la obligación de las empresas de recuperar y disponer adecuadamente los residuos generados.
En la otra cara de la moneda, es importante destacar los desafíos pendientes. Al pensar en la materialización de la futura ley, de inmediato nos preguntamos ¿Qué mecanismos de incentivo se podrán otorgar a los consumidores para que reciclen? Esto dado que la Ley de Rentas II deja exento de pago por servicio de aseo a cerca del 70% de los hogares del país.
Para masificar iniciativas de reciclaje a escala comunal, se requiere dar un giro hacia la gestión integral de residuos, promoviendo por sobre todo la colecta selectiva, tal como lo han demostrado las experiencias exitosas de las comunas de La Pintana y Ñuñoa o de países vecinos. A pesar de incorporar este sistema, el proyecto de ley no prevé su obligatoriedad, ni tampoco define especificamente los incentivos técnicos y financieros indispensables para que los gobiernos municipales puedan implementarla.
Otro punto crítico que aun no ha sido resuelto es la escasez de centros de acopio que faciliten el depósito, clasificación y venta de los materiales recolectados. En la Región Metropolitana muy pocas comunas cuentan con estos espacios; algo no menor, ya que la multiplicación de estos centros permitiría optimizar los costos logísticos que implica la entrega de los distintos materiales a las empresas recicladoras.
En este marco, se confirma el rol clave de los gobiernos locales en la implementación de elementos fundamentales de esta normativa, ya que son ellos los que deben hacerse cargo de la demanda ciudadana por una comuna limpia y la protección del medio ambiente. Más allá del rumbo que siga la futura Ley, resulta clave abordar las brechas que impiden avanzar hacia una verdadera gestión integral de los residuos para todos los municipios.
