Nuevo ministro de Cultura, sin Ministerio
Ardua tarea deberá enfrentar el nuevo ministro de cultura Ernesto Ottone, con el envío de las indicaciones sustitutivas de la Ley de Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio al Congreso Nacional. Si bien, la saliente ministra Claudia Barattini desarrolló procesos de participación y consulta con organismos ciudadanos e indígenas, el proyecto sustitutivo no vio la luz, debido a problemas no resueltos políticamente acerca del alcance de la acción y regulación estatal sobre el fenómeno "cultural” y “patrimonial". Por tanto, tampoco se resolvieron la estructura orgánica que sostendrían las acciones del Estado al respecto.
Hector Morales es Académico del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile
Cabe menciona que la ministra saliente, en marzo 2015 en su cuenta pública señaló: “Tenemos el compromiso de presentarlo antes del 21 de mayo. Es un proyecto que llegará con una fuerte discusión prelegislativa, lo que significará, esperamos, un debate rápido en el Congreso, que nos permita aprobar la ley del Ministerio durante 2015”.
Quizás esta declaración le costó el puesto a la ministra, pues existe un gran acuerdo respecto de la necesidad de elevar a rango ministerial la labor estatal en el ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio, puesto que de esa forma se le otorga un mayor peso político a la acción del Estado en estas materias tan significativas de la vida ciudadana y cultural.
Sin embargo, las enmiendas sustitutivas deben mejorar un proyecto de Ministerio de cultura, arte y patrimonio, emanado del gobierno de Sebastián Piñera. Actualmente, esta iniciativa se encuentra en trámite en el Congreso, el cual refleja un concepto de cultura unívoco, homogéneo, hegemónico, asociado a las prácticas artísticas o gestión cultural y a lo que se entiende como las bellas artes, obviando que la noción de cultura alude a la diversidad de prácticas y costumbres socio-culturales que dan cuenta de múltiples y heterogéneas identidades nacionales, étnicas y locales.
Por lo anterior, se debe consignar que: el patrimonio va cambiando con el tiempo. En este sentido, la participación de las comunidades locales, la academia, profesionales y de la ciudadanía en general es vital a la hora de definir lo que se entiende por patrimonio y de cómo aprehender su dinamismo. Para capturar esta participación, la ley que cree el Ministerio debería contemplar la existencia a nivel regional y nacional de órganos colegiados con atribuciones relevantes a la hora de definir y resguardar el patrimonio con mecanismos de designación representativos.
En lo institucional se debe resolver el actual déficit presupuestario y la dispersión orgánica-funcional. En lo relativo específicamente al ámbito patrimonial se debería constituir una institucionalidad que tenga capacidades reales y recursos propios para abordar la carga de trabajo que hoy sostiene de manera dispersa el Consejo de Monumentos Nacionales, la sección de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y otras entidades del Estado.
En particular, en lo relativo al carácter de órgano con competencia ambiental del Consejo de Monumentos Nacionales, debiera crearse una entidad especifica, descentralizada y desconcentrada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Una iniciativa de estas características podría dar certeza jurídica y robustecer la Secretaría Ejecutiva de Monumentos Nacionales, así como a una Superintendencia de Patrimonio, como entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la norma relativa a este ámbito. Los atributos institucionales descritos permitirían a estas entidades contar con la capacidad técnica adecuada para el desarrollo de sus actividades con la debida independencia.
De no enfrentar estas situaciones, se mantendrá una raquítica institucionalidad cultural y patrimonial que no es capaz de salvaguardar el patrimonio artístico, prehispánico, histórico y étnico.
