Fundaciones y think tanks en la mira: el otro hoyo negro del financiamiento a la política

Las informaciones de las últimas semana sobre financiamiento financiamiento irregular a la política han tenido un común denominador: la mención de ONG´s, think tanks y fundaciones sin fines de lucro, como presuntos intermediarios para el financiamiento ilegal de campañas o como focos de conflicto de interés. Entre ellos la Corporación Esperanza, del senador UDI investigado por cohecho, Jaime Orpis, que recibió donaciones de la empresa Corpesca. O la mención de la Corporación Para el Desarrollo y el Progreso, supuestamente ligada a Juan Pablo Letelier.

Una de las primeras en salir al baile por este motivo fue la fundación Casa Abierta, presidida por el PS Fulvio Rossi. Hace casi dos meses, el diputado PC Hugo Gutiérrez, que ha tenido una serie de encontrones con el senador, hizo la denuncia: “Muchos parlamentarios utilizan o crean fundaciones o corporaciones que les permite acceder a financiamiento, entre comillas regular, de empresas. Con esas corporaciones realizan proselitismo a favor de ellos mismos. La fundación Casa Abierta de Fulvio Rossi es un buen ejemplo, pues recibió financiamiento tanto del gobierno de Piñera, del actual gobierno y también de minera Collahuasi y minera Los Pelambres del grupo Luksic (…) Así las empresas te hacen servidores de sus intereses”.

Aunque el diputado no ha entregado más antecedentes de otras fundaciones que pudiesen ocupar este mecanismo, y a que en su momento el senador Rossi desmintiera la acusación, la danza de millones que van de empresas a fundaciones y centros de estudio ligados a partidos políticos, es estratosférica. Un financiamiento contra el cuál muchos “cierran los ojos”, como dijo  Francisco Vidal de Chile 21, cuando le preguntaron por qué recibía dinero de SQM. Debido a ello, los expertos ligados a estos centros son categóricos al decir que debe exigirse mayor transparencia para ONG’s, fundaciones y centros de estudio en sus sitios web: “Hay que evitar que se desprestigien”, aseguran.

Los parlamentarios que han salido al baile

Actualmente, los parlamentarios no están obligados a incluir su participación en ONG’s, fundaciones o think tanks en su declaración de intereses. Algo que cambiará con la ley que fue aprobada en el Senado el 20 de mayo que profundiza los contenidos de esta declaración.

La única que lo ha hecho hasta el momento es Isabel Allende, quien consignó su participación en la Fundación Salvador Allende, de la cual es fundadora, que difunde y conserva el legado del fallecido Presidente a través de diversas actividades, seminarios y centros de documentación. Sin embargo, tal y como sucede con la mayoría de las instituciones sin fines de lucro, la información de cómo se financia no aparece en el sitio, salvo una referencia a un aporte solidario del gobierno de España en los años 90’. Según datos de Contraloría, el Estado también aporta con subsidios al museo y a la fundación para desarrollar sus proyectos.

Otro parlamentario que fundó su propia ONG es el senador RN Francisco Chahuán, con su proyecto “Vamos que se puede”, destinado a ayudar a familias vulnerables en materias relacionadas a salud y educación. “Nosotros no recibimos donaciones. Esto se financia con los aportes personales nuestros. Y básicamente lo que hacemos es gestión, no movemos muchos recursos. Por ejemplo, hemos conseguido y entregado 4 mil sillas de ruedas en cuatro años”, explica el senador, que también asegura haber gestionado, a través de su fundación, rebajas a alumnos vulnerables en el Centro de Formación Técnica de la Universidad de Valparaíso.

Antonio Horvarth, senador independiente, creó en 2000 la fundación sin fines de lucro “Obra Padre Antonio Ronchi, Madre de la Divina Providencia”, que recoge el legado de un sacerdote de la región de Coyhaique y que gestiona labores pastorales, educativas y de rescate de patrimonio. Por su parte, y aunque no son fundadores, el senador RN Alberto Espina participa en el directorio de la Fundación Paz Ciudadana y el senador Guido Girardi es director del consejo ampliado de la Fundación Chile 21, que recibió dineros de SQM.

Pero el más cuestionado de los últimos días es el senador UDI Jaime Orpis, fundador de la Corporación La Esperanza, dedicada a rehabilitar gratuitamente a personas de escasos recursos de la adicción a las drogas y a hacer prevención. La bomba la lanzó Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, quien aseguró, en medio de una investigación por delito de cohecho que habría sido efectuado en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca, que el senador gremialista pidió a la pesquera de Angelini fijar un aporte anual a su fundación en 2008. La Corporación reconoció el aporte a través de un comunicado: “El uso de estos dineros se ven reflejado en las Fecus Social, memorias y balances que son entregadas al Ministerio de Justicia y están disponibles para quien quiera revisarlos.

También se conoció el caso del senador Juan Pablo Letelier, que fue uno de los fundadores de la Corporación para el Desarrollo Sustentable, dedicada a realizar estudios, actividades y capacitaciones sobre desarrollo sustentable. La fundación recibió 193 mil millones de pesos de Aguas Andinas, empresa actualmente investigada por hacer aportes irregulares a la campaña de Piñera, que a su vez habrían sido desviados por este mismo para pagar fondos a ejecutivos, entre ellos, el ex director de CHV, Jaime De Aguirre. Desde la Corporación se informó que el senador no participa ahí desde 1997.

El senador Fulvio Rossi preside la Corporación Casa Abierta, fundada en 2004, y que ejecuta proyectos culturales, educativos y sociales para gente de escasos recursos en distintos ámbitos, desde actividades para mujeres que sufren violencia intrafamiliar a un programa para fomentar la astronomía. “Mi corporación Casa Abierta ha hecho mucho por el desarrollo de viviendas sociales y apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar“, explicó el senador cuestionado por el diputado PC Hugo Gutiérrez, a quien trató de mentiroso. Rossi detalló que su institución se financia a través de fondos concursables de manera legal, acorde a la ley de donaciones.

“Se puede utilizar distintos tipos de fundaciones para poder generar un trabajo territorial que vaya en beneficio propio de una eventual candidatura”, explica el abogado Álvaro Castañon, ex miembro de la Comisión Engel. “Estas instituciones filantrópicas pueden tener como finalidad última posicionar a una persona. Y es muy fácil darse cuenta porque si bien son fundaciones que apuntan a un interés general, en su forma de trabajo se personaliza respecto de quien entrega ese beneficio”, agrega. Alberto Precht, director de Chile Transparente, cree que “no existe nada anómalo que un parlamentario tenga su fundación de apoyo y evidentemente eso le puede traer réditos políticos de manera directa o indirecta. Lo importante es que esa relación de origen sea transparente y conocida por todos”.

Junto a las organizaciones de parlamentarios están los think tanks relacionados a las distintas coaliciones, como Fundación Chile 21, ligada a la Concertación;  Cegades, de la DC; y  Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán, ligadas a la UDI; todas ellas habrían emitido facturas a SQM y han sido parte de la investigación de Fiscalía.

También figura la fundación Ciudad Justa, del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuestionada por un informe que es analizado por la Fiscalía por el caso Penta. Así hay cientos de otras instituciones que reciben fondos públicos y privados, y que están en tela de juicio.

“Uno de los problemas de la relación dinero política es que no solo es directa, sino que se puede ir triangulando fondos a través de familiares o a través de fundaciones. Por eso propusimos la prohibición de donar a la política a cualquier tipo de personalidad jurídica. Porque o si no, lo que puede pasar es que un senador va a hacer una fundación, esa fundación va a recibir todas las donaciones y luego la fundación le va a donar a él”, explica el abogado Álvaro Castañon, ex integrante de la Comisión Engel. Sin embargo, pese a los avances en esta prohibición, para algunos expertos aún queda un flanco abierto.

Transparencia total

Según el último estudio de Chile Transparente sobre ONG’s y fundaciones sin fines de lucro, en el país existen más de 106 mil instituciones de este tipo y su gasto representa el 1,5% del PIB. De ellas, solo un 12% cumple con estándares mínimos de transparencia, como publicar la misión visión o la composición del directorio en su página web. Pese a la ley que impedirá el traspaso de fondos desde estas organizaciones a la política, y a que desde ahora en adelante los parlamentarios deberán explicitar en su declaración de intereses si pertenecen o pertenecieron a alguna de estas entidades, fijar estándares de transparencia activa, es decir abierta al público a través de sus web, para las ONG’s es una deuda pendiente. Esto pese a que estas organizaciones están obligadas por ley a rendir cuentas periódicas y entregar balances al Ministerio de Justicia.

“Hay la necesidad de instalar un debate que tiene que ver por un lado con la transparencia de las fuentes de financiamiento, y por otro lado con la transparencia respecto de la actividad que realizan estas instituciones. Porque creo que lo peor que podría pasar, a propósito de lo que se supo por ejemplo del financiamiento de Aguas Andinas, y que a nosotros mismos nos ha pasado en meses anteriores respecto a SQM, es que se termine devaluando socialmente la labor que cumplen este tipo de instituciones”, dice Gloria de la Fuente, de Fundación Chile 21.

En Estados Unidos, las ONG´s que reciben donaciones de más de cinco mil dólares, deben publicar su información financiera en sus sitios web. En Alemania las organizaciones relacionadas a corrientes políticas se financian principalmente a través de fondos públicos, para evitar conflictos de interés. “Debiese regularse el financiamiento que reciben, tal como se está discutiendo respecto de las campañas y de los partidos, ya que en caso que no se haga, se abre un espacio para que el financiamiento de empresas (que se pretende prohibir respecto de campañas y partidos) influencie la política a través de estos grupos. Esto porque muchos de ellos prestan asesorías legislativas a parlamentarios”, dice María Jaraquemada, de Ciudadano Inteligente.

Algo que respalda el propio senador Chahuán, quien presentó en 2014 un proyecto de ley con estos fines: “Yo estuve trabajando para que haya una norma de transparencia activa para todas las fundaciones. Logramos levantar una propuesta y mandamos un proyecto de ley”, explica el senador. Sin embargo, este proyecto aún no tiene urgencia legislativa.  Y mientras eso no suceda, el terreno de las ONG´s seguirá siendo la otra zona gris del financiamiento a la política.