La reforma que Chile no pide

Mucho se ha hablado en estos últimos días sobre el anuncio del 21 de mayo realizado por nuestra presidenta, el cual dio a conocer nuevos detalles con respecto a la reforma educacional. Proyecto que aseguraría la gratuidad de educación superior para el 60% de los alumnos más vulnerables que pertenezcan a las universidades del CRUCh, además de ciertos centros de formación técnica e institutos profesionales. Noticia que causó indignación y rechazo en la gran mayoría de los dirigentes estudiantiles y expertos en materia de educación.

La reforma ya venía con fuertes críticas de distintos sectores estudiantiles y políticos. Dentro de la poca información que se manejaba respecto a este proyecto, se apreciaba como una reforma sobre ideologizada y utópica que tendría un efecto contraproducente sobre la calidad de educación. Hoy vemos que pasó a ser directamente absurda. Este proyecto –que dice promover la inclusión– está dejando de lado a la mayoría de los alumnos vulnerables, quienes se encuentran principalmente en las universidades privadas, CFT e IP. Están privilegiando, nuevamente, a las universidades que integran el CRUCh, una organización totalmente discriminatoria, la cual reúne a las universidades creadas antes de 1981, sin ningún otro criterio, como podría ser, la calidad de educación o el rol público que éstas puedan tener.

Cuando observamos el sistema de educación superior argentino –el cual cuenta con gratuidad absoluta– podemos apreciar que éste tiene una participación del 18% de los estudiantes provenientes del primer quintil socioeconómico. Mientras que en Chile dicha participación corresponde al 21%, muy por sobre las cifras que se manejan en Uruguay (4%), Brasil (5%) o Colombia (9%). Además, podemos observar que en Argentina el 30% de los recursos dirigidos a la gratuidad de educación superior, beneficia al quintil de mayores ingresos, mientras en la educación primaria se aprecia una situación totalmente contraria, donde el 30% de los recursos estatales benefician al quintil de menores ingresos. Entonces, si lo que buscamos es fomentar la inclusión, ¿por qué estamos inyectando recursos en la educación superior?

Esta reforma apunta –a largo plazo– a un sistema de gratuidad que significaría un costo enorme para el Gobierno y obtendría un resultado marginal en la participación de alumnos vulnerables en la educación superior, si es que no regresivo. Los recursos estatales deberían de inyectarse, principalmente, en la educación preescolar y escolar, fomentando así la igualdad de oportunidades y causando un impacto real para disminuir la desigualdad en nuestro país.

Según las últimas encuestas públicas que se han realizado, podemos ver que la desaprobación de este proyecto está en el orden del 61%, mientras la aprobación alcanza sólo el 31%. Si bien, en Chile urge una reforma educacional, esta es la reforma que Chile no pide. En vez de promover la movilidad social, estaríamos segregando aún más, privilegiando a ciertos establecimientos -en forma totalmente arbitraria- y dejando de lado a alumnos que pareciéramos ser de segunda categoría ante los ojos del Gobierno.