Fuerte y Claro: Condenemos la Violencia

Durante el último tiempo hemos sido testigos de una preocupante escalada de la violencia en nuestro país. Grupos subversivos se han convertido en los protagonistas de las marchas, atacando a Carabineros y destruyendo la propiedad público/privada; en La Araucanía los atentados incendiarios, ataques con armas de fuego, hostigamiento permanente a agricultores y microempresarios por parte de organizaciones radicales son pan de cada día. Por si esto fuera poco, el uso excesivo – y fuera de protocolo– de violencia por parte de Fuerzas Especiales ha provocado un daño directo a algunos compatriotas, sobretodo en la jornada del 21 de mayo, donde resultó gravemente herido Rodrigo Avilés, quien aún se encuentra en una situación crítica producto de la caída a raíz de un chorro de agua lanzado a quemarropa desde un guanaco.

Estos niveles de violencia deben preocuparnos como sociedad, ya que lleva a que los distintos espacios de diálogo, de exploración de soluciones y de acuerdos carezcan de sentido y pasen a segundo plano frente a la intransigencia de grupos antisociales.

“Qué importa la vida de un hombre cuando está en peligro el futuro de la humanidad” (Che Guevara).

Probablemente, pocas frases retratan de forma tan clara una concepción ideológica que cree que la sociedad está por delante de los individuos que la componen. Una utopía que propone crear al “hombre nuevo” y que para ello está dispuesta a usar cualquier medio, aunque éste atente contra la vida de ciudadanos, pues el bien común – entendido bajo esta concepción – compensaría las pérdidas humanas o los daños a la integridad física de quienes interfieran con sus propósitos.

Este es el argumento bajo el cual grupos extremos justifican actos violentos que ponen en riesgo vidas humanas, como los que vemos día a día en La Araucanía y luego de cada marcha. Todo sea por la consigna. No se miden consecuencias más allá de la creencia de que sus actos pueden generar una desestabilización que derribe al “sistema”, descartando de plano cualquier otra vía democrática y pacífica. Pero lo que es peor aún, esto se hace al amparo de organizaciones ciudadanas y estudiantiles menos radicalizadas y autodenominadas defensoras de la democracia, que no han cumplido en condenar todo tipo de violencia e incluso muchas de ellas han dado su apoyo a la mal llamada “Causa Mapuche”, justificando su actuar y con ello relativizando los derechos de quienes se encuentran al otro lado de la moneda: de quienes temen por sus vidas.

Para quienes creemos que la persona debe ser el centro de la sociedad y que el bien común no es otra cosa sino las condiciones que permiten a todos y cada una de las personas alcanzar su mayor realización tanto espiritual como material, no hay dobles lecturas. El derecho a la vida y la integridad física de las personas es – y siempre será – la piedra angular entorno a la cual se organiza una sociedad, por lo que debe ser cuidado y respetado, independientemente de las circunstancias.

Es por esto que repudiamos todo acto de violencia que atente contra la dignidad de la vida humana. Condenamos el acto de Giuseppe Brigante que dio muerte a dos estudiantes en Valparaíso; condenamos el uso excesivo de fuerzas por parte de Carabineros durante la jornada del 21 de mayo que dieron paso a los hechos ocurridos con Rodrigo Avilés y Paulina Estay; condenamos el actuar de encapuchados que atacan a Carabineros y locatarios que buscan resguardar su propiedad luego de cada marcha; condenamos los atentados en La Araucanía como el sufrido por la familia Villasante el pasado 19 de mayo y aquel que dio muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay el año 2013; y de la misma forma, condenamos las violaciones a los derechos humanos por parte de dictaduras y gobiernos de cualquier color político.

Indudablemente, un consenso básico para el desarrollo y estabilidad de un país, es que la violencia nos conduce al despeñadero como sociedad. Ésta genera divisiones y resentimientos que perduran en el tiempo y no nos permiten construir desde veredas distintas. Llegó la hora de que aquellas autoridades, partidos políticos y organizaciones ciudadanas realmente comprometidas con un país más democrático y que resguarde la dignidad de las personas, condenen todo tipo de violencia que atente contra la vida de nuestros compatriotas.