La billetera no da: gratuidad universal en la educación está en riesgo por frenazo económico

Basta revisar el documento del programa de gobierno de Michelle Bachelet, de las pasadas presidenciales. Página 16, tercer párrafo del documento “Reforma educacional”. Ahí claramente promete gratuidad universal: “Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado (…) a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social”.

Muchas discusiones han habido en torno a este tema. Conversas que se repetían hasta este lunes, por ejemplo, donde el senador Ignacio Walker (DC) preguntó al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cómo se iba a financiar la gratuidad universal en la educación superior. Esto en plena comisión mixta de Hacienda. El ex presidente de la Falange se quedó sin respuesta.

Sin embargo su antecesor, el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sí tenía respuestas en abril de este año cuando indicó que que “los recursos para la reforma educacional están garantizados”. Cerca de 14 mil millones de dólares costarían todos los proyectos de educación al fisco… muy lejos de los 8 mil 200 millones de dólares que Arenas pronosticó que recaudaría el nuevo régimen tributario, de cuyo pozo 5 mil millones estaban contemplados para proyectos de educación.

El diagnóstico está claro desde hace algunos días: la plata no alcanza.

Ahora, tras exigencias de sincerar la desaceleración económica, cuyo aviso llegó de mano con el Imacec de 0,8% en los últimos 12 meses, el oficialismo empezó a cuestionar con más fuerza.

Las promesas de un 70% de gratuidad univesitaria para marzo de 2018 y en un 100% para el 2020 no tendrían asidero. El senador Ignacio Walker acusó a La Tercera que existía un acuerdo, firmado el 2012 para llegar a ese 70%, pero el programa de la Presidenta agregó “sin consulta a los partidos y contraviniendo el acuerdo de 2012, llegar a la gratuidad universal en 2020, cuestión que tiene una serie de complejidades tanto conceptuales como financieras”.

En la misma línea, Walker relativizó la concreción de la gratuidad universal: “de ahí para arriba, o más allá, vendrá otro gobierno y habrá que hacer la discusión”.

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, sumó dudas respecto de esta reforma educacional. Insistió que hay un grado de “incertidumbre y eso no es bueno” y emplazó al gobierno a clarificar qué se puede hacer y qué no: “hay que dar un marco al país que le diga con claridad, por ejemplo, cuánto es lo que se va a poder avanzar en gratuidad universal: ¿un 20, un 30, un 40%? ¿Cuántos son los recursos?”.

En la misma línea que su correligionario, el presidente de la DC, Jorge Pizarro, reconoció que será difícil llegar a esta meta de gratuidad en el actual contexto económico, así que llama a cumplir “hasta donde sea posible”. Desde el otro lado del oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier se cuadró en esta línea y dijo que “son las cosas que tenemos que aclarar, porque nadie ha dicho nada hasta ahora”.

Jaime Quintana, timonel del PPD, reconoció que hay que ver cómo cumplir estas promesas, porque “desde el punto de vista político tenemos muy poco margen para no hacer exactamente lo que comprometimos”.

La línea más dura respecto de la concreción del programa llega de la mano del senador DC Andrés Zaldívar, quien llamó a la responsabilidad fiscal: “este país puede irse por un tobogán (…) en ese sentido soy estrictísimo: si las platas alcanzan, se hace. Si no alcanzan, no se puede hacer”.

Semanas atrás el vocero de gobierno anunciaba que se “priorizarían” proyectos de gobierno. Esta vez, en este juego de ajedrez, el gobierno deberá analizar con mucho mayor cuidado su próxima jugada.