Ordenamiento territorial para el avance de las ERNC
Alemania enfrenta, tal como Chile, gran oposición y judicialización por parte de las comunidades locales a las plantas de generación y a las líneas de transmisión.
Santiago Correa es Coordinador de investigación de Espacio Público. Ingeniero Comercial mención Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Hace algunos días Espacio Público, en conjunto con la fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), organizó un foro titulado: “Perspectivas para las ERNC: ¿Qué podemos aprender de Alemania?” donde se expusieron los desafíos para el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales en Chile a la luz del exitoso caso alemán. El éxito de este caso radica en el cumplimiento de ambiciosas metas en la introducción de estas energías, las que producen más del 30% de la energía en Alemania y se espera que de aquí al 2050 lleguen a un 80%.
Sin duda estos impresionantes números ponen a los germanos a la vanguardia mundial y obligan a Chile a mirarlo como un referente, pero esta referencia debe tomarse con sus luces y sombras. Entre las luces, sin lugar a dudas está la acción decidida del Estado de generar una política nacional energética y obrar en pos de una visión país, aun cuando resulten perjudicadas algunas industrias (la energía nuclear, en el caso alemán). Entre las sombras, tenemos que a medida que han ido ganando terreno las ERNC, también lo han ido haciendo tecnologías como el carbón, ya que son suficientemente baratas y flexibles para producir en aquellos momentos del día o del año en que las ERNC bajan su capacidad.
En cuanto a los desafíos, hay uno en particular que es plenamente coincidente con la realidad chilena. Si bien el plan de transición energética alemán goza de popularidad entre la gente (tanto así que muchos usuarios deciden libremente pagar un sobreprecio en la cuenta de luz para impulsar las ERNC), esta se desvanece cuando se trata de implementar la infraestructura necesaria para el funcionamiento del plan. Alemania enfrenta, tal como Chile, gran oposición y judicialización por parte de las comunidades locales a las plantas de generación y a las líneas de transmisión.
Para llevar a cabo este desafío, Chile debe abandonar la lógica de que hay territorios ganadores y perdedores (piense en la Patagonia vs. Ventanas) y avanzar hacia un paradigma basado en la equidad territorial. Para ello, es necesario avanzar en que las comunidades locales tomen parte en los beneficios de los grandes proyectos de inversión, pero también sean partícipes y responsables de las disposiciones sobre su territorio.
En esta línea, se debe aspirar a lograr una institucionalidad que armonice los legítimos desacuerdos sobre los usos del territorio, pero no bajo la lógica actual en que dicha conversación se da en el marco de proyectos específicos, con privados que llegan con decisiones de localización ya tomadas y con muy pocos incentivos a revisarlas. Esto, además considerando que cuando la conversación se da entre los desarrolladores del proyecto y las comunidades, se convierte en un caldo de cultivo de corrupción y división de las comunidades.
Por todo lo anterior, el Estado debe ser el articulador entre las partes, en el marco de una planificación ex ante sobre el territorio y qué mejor forma que hacerlo que desde gobiernos regionales fuertes y con intendentes electos. Este y otros aspectos en materia de ordenamiento territorial son abordados en un Informe de Políticas Públicas que está desarrollando Espacio Público, y que se lanzará dentro de las próximas semanas.
