¿Qué es una #GratuidadJusta?

Este 2015 fue anunciado como el año en que se discutiría la gratuidad en la educación superior, mientras el 2014 fue el año de la educación escolar y eso dio como resultado una reforma, que por cierto hoy la mayoría del país rechaza. Sin embargo, la gratuidad en educación superior pareciera ser un tema instalado en la agenda, lo que se define como una de las grandes conquistas del movimiento estudiantil, que puso la discusión sobre la mesa y, aún más, en la agenda política del gobierno.

Se han barajado distintas propuestas, tanto de financiamiento como de política pública, algunas van en la línea de dar gratuidad solo a las universidades estatales, otros dicen que deben ser solo las del CRUCH y otros dicen que debe enfocarse el financiamiento en quienes lo necesitan. El gobierno ha optado por una fórmula mixta que financia solo a algunas universidades (las del CRUCH) y solo a algunos CFT e IP, para el 60% de sus alumnos más vulnerables. Sin embargo, esta fórmula no convence ni al movimiento estudiantil, ni a la oposición, e incluso no convence a personas afines al programa de Bachelet.

Las razones para oponerse son diversas, pero una de las más claras es que la propuesta aún no es clara y muestra demasiada improvisación –algo a lo que lamentablemente nos estamos acostumbrando– ya que no estaría definido ni la forma en que se obtendrían esos recursos ni a las personas a quienes beneficiaría dicha medida.

A raíz de lo anterior, es que desde Educación para Chile junto a otras más de 20 instituciones, como federaciones de estudiantes, centros de alumnos y otras organizaciones de la sociedad civil, hemos iniciado la campaña que hemos denominado #GratuidadJusta, que consiste básicamente en dos cosas: oponernos a la propuesta del gobierno por su arbitrariedad y proponer una alternativa distinta de financiamiento que incorpore un criterio que ha sido dejado de lado: la justicia.

Este concepto no ha sido incorporado al azar, sino que lo hemos establecido por profundas razones republicanas. En primer lugar, partir de la base que el Estado no debe discriminar a los ciudadanos por la institución que elijamos para estudiar, sin perjuicio de que puede exigir criterios objetivos, como la calidad. En segundo lugar, es que en todas las políticas públicas debe haber un genuino interés por derrotar la pobreza y por tanto un énfasis urgente y necesario en quienes más lo necesitan.

Si consideramos lo que hemos mencionado se entiende por ejemplo que el criterio para financiar a los alumnos dependiendo si asisten a instituciones del CRUCH o no, resulta un criterio injusto y arbitrario. También es injusto que se pretenda la gratuidad universal sabiendo que si aplicamos tal política, el 45,6% del total de esos recursos se iría en financiar al 20% más rico de la población, contra el 7,6% que se destinaría al 20% más pobre (según datos CASEN 2013).

Entendemos que se deben incorporar otros elementos al debate, como la imposibilidad de fijar más de 11.000 precios de programas en caso de haber gratuidad, o la necesidad de apoyar en primer lugar a las personas y solo en segundo lugar considerar la personalidad jurídica de la institución que elijan. Nos parece que el gobierno debiera considerar que en los estudiantes también hay diversidad de opiniones, tal como en la sociedad, y no debiera considerar la visión solo de algunos como por ejemplo la CONFECH, más aun teniendo presente que excluyen a los voceros cuando presentan alternativas distintas.

En definitiva, hay que modificar la propuesta gubernamental y avanzar hacia una realmente justa. El Estado no puede discriminar a los alumnos y restarles libertad sencillamente porque carecen de recursos. Una propuesta de gratuidad no puede ser implementada sobre la base de la injusticia.