Fiscalía formaliza a ex vicepresidente de RN por boletas falsas en caso SQM
La audiencia para Claudio Eguiluz fue solicitada en el mes de junio por el fiscal nacional, Sabas Chauán.
Por delitos tributarios consumados y reiterados será formalizado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el ex vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Claudio Eguiluz, en el caso Soquimich, indagatoria que surgió como una arista de la investigación a empresas Penta.
La audiencia fue solicitada a principio de junio por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien en virtud del estado de avance de cada una de las indagatorias, la cantidad de diligencias en curso y el plazo de investigación determinado por el Tribunal, decidió separar las causas Penta y Soquimich, hace una semana, lo que fue previamente informado a los querellantes.
El Ministerio Público estableció que son nueve las personas vinculadas al congelado militante RN que entre 2012 y 2014 emitieron boletas a la minera no metálica por un monto total de $420 millones de pesos. Además son 25 boletas de honorarios que pagó a su favor la minera no metálica, por un total de 112 millones y por las que no existiría respaldo de los servicios prestados.
Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes del Biobío y de la Dirección regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) habrían emitido estas boletas por servicios profesionales inexistentes. Funcionarios de esas reparticiones aseguran que él los llevaba al banco BCI a cobrar los dineros por las boletas que emitieron a SQM a cambio de quedarse con el 10% de la retención.
Eguiluz ha explicado su relación con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, afirmando que el ex gerente general de la minera no metálica lo contactó para monitorear el proyecto del embalse Punilla de San Fabián de Alico, obra cuya tramitación administrativa y ambiental partió en 2004 y cuya licitación, fue iniciada por parte del Ministerio de Obras Públicas en abril de este año.
El político de oposición sostiene que las acusaciones en su contra son parte de una operación política liderada por la directora regional del Biobío de la Junji, la trabajadora social Andrea Saldaña, pareja del presidente regional del Movimiento Amplio Social (MAS) Leonardo Gutiérrez.