Ejército anuncia investigación interna y sumario tras escándalo por presunto fraude en Ley Reservada del Cobre

En pleno contexto en el que la ciudadanía exige transparencia, y la clase política plantea proyectos de ley e iniciativas que buscan aumentar los índices de probidad en la gestión pública, una serie de escándalos se ha trasladado al Ejército.

Un par de oficiales protagonizó, presuntamente, la fuga de millones de dólares desde el Fondo de Reserva del cobre, a través del uso de boletas fraudulentas.

Para entender este posible ilícito, que ayer develó The Clinic, se debe tener en cuenta que en nuestro país existe la “Ley Reservada del Cobre”, en la que se destine 10% de las ganancias obtenidas por la explotación del metal rojo, principal exportación de Chile, a la compra de armas para las tres ramas de la Defensa.

Ayer la reacción del Congreso fue enérgica y exigieron explicaciones. El diputado PPD, Jorge Tarud, califico la situación de “grave” y agregó que estos hechos significan que “hay corrupción dentro del Ejército de Chile, esto es preocupante cuando un cabo del Ejército va jugar $140 millones de pesos a un casino”, aludiendo a uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, quien -entre otras irregularidades por investigar- gastó la mencionada cantidad en el casino Monticello, a donde iba a diario en algunos meses, donde gastaba millones de pesos al mes.

El Ejército emitió un comunicado en el que manifestó “su más enérgico rechazo a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente”. A esto agrega que la institución mantiene “un permanente apoyo a la investigación judicial y al Consejo de Defensa del Estado, que es parte en la causa”.

Esta rama de las Fuerzas Armadas precisan que la situación irregular “fue detectada mediante el trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, en el mes de abril de 2014, informándose de inmediato a los estamentos superiores”.

Además, agregan que este hecho y las medidas que hasta ahora se han adoptado “habían sido explicadas públicamente, a través de un comunicado de prensa el 23 de febrero del presente año”.

Con todo lo anterior, el Ejército ya había anunciado la realización de una Investigación Sumaria Administrativa (ISA) -actualmente en desarrollo- para aclarar cómo se llevaron adelante los ilícitos investigados y establecer el perjuicio fiscal real, además de las responsabilidades individuales correspondientes, junto con ejecutar acciones disciplinarias que resulten pertinentes.

Los dos oficiales involucrados están en prisión preventiva desde el 6 de junio del año pasado.