Rector Sánchez advierte: si no se aclaran criterios “la UC no se sumará a la gratuidad en 2016”
El jefe de esta casa de estudios profundiza sus críticas al Ministerio de Educación, que ha cambiado en diversas ocasiones las condiciones para que las casas de estudio puedan acceder al beneficio. Desde el Mineduc estarían evaluando dividir el proyecto en marco regulatorio y financiamiento, y recién se presentaría a fines de año -tras la discusión del presupuesto-, para discutirlo el 2016.
La extrañeza empezó en el pasado discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet, en su cuenta pública anual. Ahí deslizó la posibilidad de que la gratuidad llegaría sólo a los planteles del Consejo de Rectores. Se habló en un momento del 60% más vulnerable. Inmediatamente hubo críticas por parte de los planteles privados, al estar excluidos de este beneficio, uno de los más anunciados en la campaña presidencial de la mandataria.
Luego, tras los embates de la economía, se habló de vuelta de un 70% de estudiantes para marzo del 2018, y luego un 100% para el 2018. Tras la instalación del “realismo sin renuncia”, reconociendo que se deberían graduar o priorizar algunos proyectos, pero sin dejar atrás del programa -discusión conceptual aparte- las cifras para la gratuidad en la educación bajaron a un 60, y luego un 50%, considerando planteles privados con una serie de condiciones.
Los meses pasan, se acerca el 2016, las Universidades deben plantear cómo enfrentar tanto los proyectos del año entrante, así como también los cupos y vacantes que dispondrán para estudiantes. Y el Mineduc aún no entrega cómo será el proyecto. Incluso, la semana pasada los rectores acusaban que sin aviso alguno, la secretaría de Estado subió a su sitio web un documento que cambiaba por tercera vez en 90 días las condiciones para acceder a la gratuidad.
Transversalmente las universidades exigen claridad, y ayer finalmente el Mineduc reconoció que fue un error el que se subiera ese documento, y trasladó para el próximo año, y no en septiembre, la discusión del detalle del proyecto, según plantea El Mercurio. Éste se dividiría en el marco regulatorio de la gratuidad y en la forma de financiamiento. Ahora, el mes entrante, sólo se verá desmunicipalización y gratuidad via Ley de Presupuestos.
Con eso, estaría aparentemente resuelto el 2016, ya que se asumiría la gratuidad de este 50% de estudiantes a través de la ley de presupuestos, cuya discusión cierra en noviembre, mientras las Universidades ya deben tener tomadas una serie de decisiones para enfrentar el próximo año.
Reina el desconcierto en los planteles, y el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, asegura tener la misma opinión de muchos otros jefes de planteles educacionales. Algunos reconocen problemas de financiamiento, en particular por la incertidumbre en la discusión por esta reforma, pero no pueden criticar públicamente. Pero Sánchez -quien abogó por postergar el inicio de la gratuidad, para que sea sustentable- asegura que las universidades no pueden tomar la decisión si hacerse parte o no de este beneficio con el nivel de incertezas que existe. “Lo que se está decidiendo aquí es importante para el desarrollo, crecimiento y autonomía de universidades que ingresen al sistema (de gratuidad)”.
“Si los criterios no se aclaran, la U. Católica no se sumará a la gratuidad en 2016”, aseguró Sánchez en entrevista con La Tercera.
Pese a todo, el rector de la UC asegura que la decisión aún no esta tomada, ya que “tenemos que analizarlo de manera responsable, y en el actual escenario no vemos claridad por parte del gobierno”. También criticó que la autonomía de su casa de estudios “no es transable”.
La decisión no es muy siemple, ya que de marginarse de la gratuidad en el 2016 deberían solicitarle al Mineduc que mantuvieran las ayudas estudiantiles, créditos y becas, que reciben. No obstante, Sánchez reconoce que “no podríamos restarnos si el Mineduc no nos asegura las becas y créditos”. Deja entonces una cuota de responsabilidad no menor al Ministerio y a su titular, Adriana Delpiano, con estos dichos.
Pese a todo lo anterior, Sánchez indica que sus dichos no corresponden a presiones, sino que “es una manifestación pública de opiniones que hemos vertido en los canales correspondientes y que muestran nuestra inquietud sobre la política pública de gratuidad. Es un imperativo que cada uno de los actores digan su opinión de manera clara, honesta y propositiva para ir haciendo ver cuáles son los defectos de las propuestas y corregirlas. Nosotros querríamos avanzar en una mayor inclusión en la educación superior, pero es nuestra responsabilidad hacer ver los errores que puedan existir”.
La decisión sería tomada antes del 30 de septiembre, tras discutir con el Mineduc, y esperar qué propuesta disponen, en medio de este escenario de innegable incertidumbre.
