Mineduc se equivoca y el 2016 estudiarán gratis menos de la mitad de los escolares proyectados
Con bombos y platillos el gobierno anunció que ahora, con la entrada en vigencia de la ley de inclusión, cerca de 240 mil estudiantes pasarían a estudiar gratis en el sistema escolar. Sin embargo, a principios de este año el entonces titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, situó este número en 577 mil. Desde la secretaría de Estado argumentan que los cálculos de ese momento se hicieron considerando un "techo de potenciales beneficiarios, con el fin de resguardar que estuvieran los recursos disponibles".
“La historia nos dio la razón“, aseguraba el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, cuando se le informó que 783 colegios pasarían a ser gratuitos, después de que transcurriera el plazo en el que los establecimientos particulares subvencionados determinaran si seguir funcionando al amparo del Ministerio de Educación, o si pasaban a ser privados.
Considerando lo anterior, 20 se transformarían en particulares pagados y dos de ellos habrían llegado a la determinación de cerrar.
Así, la administración de Michelle Bachelet intenta dejar atrás toda la controversia que se generó el año pasado, cuando tanto agrupaciones de apoderados como directivos y administradores de estos colegios aseguraban que la ley de inclusión sería una especie de sentencia de muerte para los colegios.
En la misma línea, desde el Ministerio de Educación, encabezado por Adriana Delpiano, informaron que, con la cantidad de colegios que se hicieron parte de este proceso, cerca de 240 mil estudiantes dejarán de pagar el próximo año.
Pero esta cantidad no alcanza a ser la mitad de lo que se estaba proyectando.
En una presentación que realizó el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en enero, en medio de la tramitación de la Ley de inclusión, se aseguró que de los 977 mil niños que estudiaban en ese momento con copago, se estimaba que en el 2016, la cifra descendería a unos 400 mil, para llegar finalmente a 249 mil en el 2018.
Por tanto, estimaron que 577 mil estudiantes dejarían de pagar este 2016, más del doble de lo que efectivamente será.
El senador Andrés Allamand (RN) indicó que “la mayoría de los colegios está a la espera y no ha tomado una determinación sobre su futuro. Hay incertidumbre legal y política“. Luego planteó que aún no se conocen los reglamentos para aplicar la ley, cómo se financiarán los créditos para que los colegios puedan comprar sus inmuebles, o incluso si es que existirán cambios a futuro.
En esa línea, diputado Jaime Bellolio (UDI) manifestó que “el gobierno celebra como si hubiese comenzado un partido que aún no comienza“. También agregó que el momento clave para ver la efectividad de esta ley será en el 2017, cuando los planteles deban convertirse en fundaciones sin lucro, y en el 2020, cuando se les exija ser dueños de sus inmuebles.
La defensa del Ministerio de Educación vino en voz del Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, quien aseguró que “realizamos proyecciones del techo de potenciales beneficiarios, con el fin de resguardar que estuvieran los recursos disponibles para cubrir ese universo de alumnos“.
El abogado de la UDI, Jorge Barrera, comentó a El Mercurio que el que no se cumpliera con este techo proyectado es una situación compleja. Además advirtió que “nosotros ya habíamos dicho que era difícil de cumplir. Si era el techo y no lo lograron, tampoco van a lograr que el 92% estudie gratis al 2018 como prometieron“.
