Educación: aumentan deudores esperando gratuidad y expertos dicen que “no conviene dejar de pagar”

En la medida que avanza el año, aún existe una serie de interrogantes respecto de cómo se aplicará la gratuidad en los planteles de educación superior. Las casas de estudio se quejaban de “improvisación”, ya que el porcentaje de estudiantes cambiaba tanto como las condiciones para acceder al beneficio, el Ministerio de Educación tuvo que admitir la comisión de errores al haber subido un documento en el que nuevamente se volvían a plantear nuevas exigencias para acceder a la gratuidad. Tres veces en menos de 90 días, acusaban los rectores.

Los mecanismos para que se empiece a aplicar la gratuidad quedaron pendientes, y para poder llevar adelante la medida, la Presidenta Bachelet planteó que este beneficio empezaría el 2016, a través de la Ley de presupuestos. Uno de los problemas de esto es que la discusión, y los ajustes y detalles de la aplicación de la gratuidad se retrasarán hasta que se deba discutir en el Congreso la mencionada ley.

Por un lado tenemos a las casas de estudio que tendrán que esperar al máximo, mientras -un tanto a ciegas- tratan de organizar el año académico 2016, en medio de un importante grado de incertidumbre respecto de cómo podrán acceder esto.

Y por el otro lado tenemos al sujeto principal de todo: el estudiante.

Actualmente existen cerca de 560 mil personas que tienen al menos un crédito para financiar su educación, de acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según presenta El Mercurio.

Y precisan que “al menos uno”, porque los préstamos activos alcanzan los 642 mil, lo que establece que un mismo estudiante adquirió más de una deuda de este tipo. En estos créditos consideramos los Corfo, los con Aval del Estado (CAE) y los que las propias instituciones bancarias entregan de manera privada.

Es más: 54 mil 976 están con una morosidad -atraso en pagos- superior a 90 días, por montos que en total alcanzan los 49 mil millones de pesos. Si bien la mayoría de los deudores paga al día, la cantidad de créditos creció un 18% en relación al 2014, pero los morosos aumentaron 25%.

Lo que advierten los especialistas es que hay un grupo de personas, que tienen moras menores a tres meses, y es más posible que estos puedan aumentar su plazo de no pago, versus aquellos que ya presentan atrasos importantes en sus responsabilidades financieras.

Estos mismos especialistas coinciden que el anuncio del inicio de la gratuidad desde el 2016 influiría, además de la desaceleración económica. “Hay una expectativa de muchos estudiantes de que van a cambiar las condiciones financieras y de que eso podría beneficiarlos, pero hay otros que han perdido sus trabajos o no tienen condiciones para pagar”, plantea Andrés Bernasconi, director del Centro de Políticas en Educación de la Universidad Católica, quien también integra el criticado Consejo consultivo de Educación Superior del Ministerio de Educación.

En la misma línea se manifiesta el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, el que establece que “ante lo confuso de los anuncios, los deudores pueden ir modificando su conducta esperando una condonación de las deudas y es un factor relevante que puede llevar a un número importante a modificar su conducta de pago”.

La situación es compleja, en el sentido de que los estudiantes que no tienen trabajo, difícilmente se podrán hacer cargo de estos pagos. Aldo Valle, Vicepresidente del Consejo de Rectores, indica que el 80% de los estudiantes no está en condiciones de pagar de su bolsillo una carrera, y que la morosidad también se explica porque muchos no encuentran, al egresar, un trabajo que les permita pagar a tiempo.

Y sobre quienes están en la posición de deudores, Bernasconi indica que “no les conviene dejar de pagar, porque las consecuencias que eso tiene no las pueden manejar. Es muy probable que no haya ninguna novedad respecto de los egresados endeudados a partir de las cosas que se están proponiendo acá”.

De instaurarse el proyecto de gratuidad en la Educación, se contempla que éste empiece a regir desde su vigencia en adelante, por lo que no existe -de momento- algún tipo de medida retroactiva, o que afecte las deudas anteriores o contraídas con anterioridad.