Ues estatales plantean opciones para financiar la gratuidad: piden alza de impuestos al sector más rico

Las universidades han debido enfrentar diversos “desaguisados” con el Ministerio de Educación, el cual ha ido bajando la cantidad de estudiantes que podrían acceder a la gratuidad desde un 70 a un 50%, y finalmente sumaron a las casas de estudio privadas, pero les exigieron una serie de condiciones.

Estas condiciones, por “error”, como plantearon desde la misma secretaría de Estado, también cambiaron. Por mucha equivocación que fuese, los rectores acusaban a lo menos tres cambios en menos de 90 días y criticaron un grado de “improvisación” en la estructuración de la reforma educacional.

En un esfuerzo por hacer frente el escenario, el cual ya calificaban de “incierto”, el Consorcio de Universidades Estatales (CUECh) presentaron este martes su propuesta para la reforma a la educación superior.

En ésta plantean fortalecer los planteles de regiones, y además sugieren crear incentivos para aumentar la matrícula, y también plantearon aumentar los impuestos a las personas con más recursos del país para financiar la gratuidad.

“Revalorización del sistema de Educación superior en el marco de la reforma propuesta por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet” se llama el documento de 29 páginas, en el que la agrupación de universidades plantea que la gratuidad es “un ideal a alcanzar (y que) responde a un nuevo paradigma de cómo entender la sociedad a la cual todos pertenecemos”.

Este beneficio debería ser financiada, a juicio del CUECh “contra rentas generales”. Así “quienes más reciben debieran aportar solidariamente más por la vía impositiva”.

El rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECh, Ennio Vivaldi, indicó que “no puede ser que la gratuidad sea a cargo del bolsillo de los estudiantes, ésta es una cuestión de principios”.

“Chile es tan absurdo que las universidades de más prestigio no cobran más que las que tienen menos prestigio, o sea, ni siquiera se está cumpliendo el criterio de mercado”, enfatizó Vivaldi, quien luego agregó que respecto del financiamiento, se deberían diferenciar los recursos “garantizados” y “variables” asociados a incentivos de acuerdo al lugar dónde se emplazan las universidades. Por ejemplo, los planteles en zonas más extremos podrían recibir un porcentaje mayor.

En esa misma línea, el documento plantea políticas a corto plazo para que académicos de alto nivel lleguen a regiones, así como también agregan planes especiales para las Universidades estatales “históricamente postergadas”, además de apoyo en infraestructura.

Otro punto corresponde a la creación de una suerte de “compensación” para este tipo de universidades, a causa de su sobrecarga administrativa. “Debe compensarse el mayor costo que significa para las instituciones del Estado cumplir con las regulaciones que le son aplicables sólo a ellas y que encarecen su gestión, como las exigidas por el sistema de compras públicas, leyes de transparencia, lobby, entre otras”, plantea el escrito.

Los criterios de la gratuidad para el 2016

Las universidades estatales anunciaron que se sumarán a la gratuidad, pero indicaron que cuatro criterios deben estar “garantizados” por el gobierno para sumarse al beneficio.

Los planteles estatales no pueden recibir menos recursos que los que actualmente reciben, y que el financiamiento de las dos nuevas universidades estatales, de las regiones de O’Higgins y Aysén, junto con los nuevos 15 centros de formación técnicas, sea de carácter “independiente y adicional” a lo que se destina a las universidades estatales.

Además, solicitan que se garantice que el arancel regulado no impacte negativamente los ingresos de los planteles educacionales. En caso de que éste disminuya, debe ser recompensado.

Lo último es que la política de financiamiento debe considerar instrumentos que compensen gradualmente las inequidades entre instituciones, en particular las que tienen la condición de regionales, lo que podría realizarse vía Aporte Fiscal Directo.