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10 de Septiembre de 2015

Gobierno persigue erradicar a toda costa la evasión del Transantiago: aumentarían las zonas pagas

Cerca de 116 millones de dólares se podrían ahorrar a lo largo de dos años si el Ministerio de Transportes impulsa esta medida.

Por Redacción
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Si bien el mal endémico del Transantiago sigue siendo su deficiente servicio por su frecuencia y estado de sus máquinas, fácilmente el segundo peor problema es la evasión que afecta al sistema de transporte público capitalino, que provoca una deuda de arrastre que no ha tenido forma de resolverse. Ha debido financiarse vía subsidio para poder seguir funcionando y no sucumbir ante el colapso monetario, déficit que alcanzó los 665 millones de dólares el 2014.

La evasión que se alza por el 25,6% –en pocas palabras una de cada cuatro personas no paga– y una de las medidas que han resultado para disminuir en algo estos índices han sido las zonas paga: paraderos cerrados con rejas y vigilados con operadores del Transantiago que cobran el pasaje antes de ingresar a la micro.

“Nos hemos dado cuenta que la única forma de resolver la evasión es que la gente pague antes de subir al bus, como lo hace Metro que tiene 1% de evasión”, indicó a La Tercera Héctor Moya, presidente de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano de Superficie (Actus).

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Las zonas pagas ascienden a 129 en Santiago, y el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo indicó que “la evasión es un problema que no se puede resolver con una sola medida, y por eso estamos trabajando en varios ámbitos, y uno de ellos sería aumentar las zonas pagas”.

Según los empresarios que tienen a su cargo el transporte público, con aumentar las zonas pagas, el Transantiago podría recuperar 116 millones de dólares en dos años.

Hay voces, como la del académico del departamento de ingeniería de la Universidad de Chile, Alejandro Tirachini, que plantean que la evasión debe tratarse con un conjunto de medidas y no sólo con el aumento de las zonas pagas, ya que la evasión nunca va a ser cero. Algunos de los métodos son “penas duras a evasores, cambios en la operación del sistema para hacerlo más eficiente, subsidios focalizados a usuarios de menos recursos y campañas de comunicación, que le expliquen a la gente que la evasión daña el sistema en su conjunto”.

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