Partir con la gratuidad en la educación a través de la ley de presupuesto: un grave error

Gratuidad en al educación superior es una aspiración legítima. Sólo que choca con, al menos , dos problemas. El primero es que Chile es un país de ingresos medios, que actualmente tiene más de 1 millón 200 mil estudiantes en el nivel terciario.

El año 2000 eran sólo medio millón y no estaba en el horizonte una propuesta de esta magnitud. Al contrario, la demanda tenía que ver con el establecimiento de aranceles diferenciados y la cobertura de becas y créditos para aquello que las familias no podían no pagar. Los jóvenes hacían fila para acceder al crédito Corfo, porque no requerían del aval que solicitaban los créditos bancarios. Nuestro país era más pobre que ahora, es cierto, pero los fondos para garantizar gratuidad universal a una matrícula de educación superior que sigue expandiéndose, parece ser un lujo de sociedades más ricas que la nuestra, en que muchos pagan altos impuestos.

Por lo tanto el primer problema es de recursos. Eso, sin contar que hay otras necesidades en el ámbito de la educación (y en otros) , donde la inversión podría ser más justa y más eficiente, como ampliarla en educación inicial (para igualar la cancha al comienzo) o abordar la situación de los jóvenes que egresan del sistema escolar y que no estudian, ni trabajan. Al contrario, la gratuidad universal significará que todos los chilenos pagarán también a los jóvenes del 7% que estudian en colegios pagados y caros y que, en el total de los estudiantes de la educación superior, se acercan al 30%.

El segundo problema- que no es menor- es que el gobierno se comprometió a aplicar la gratuidad universal sin conciencia de la complejidad de su implementación. Era fácil y popular, asumir la demanda de gratuidad del movimiento estudiantil, pero había procesarla y estudiar sus implicancias. Y eso no se hizo. Para hacer las cosas más complicadas aún, la Presidenta se comprometió a partir con la gratuidad el 2016, sin que hubiera nitidez y propuestas claras sobre cómo llevarla a cabo. El Ministerio de Educación ha debido darse varias vueltas para poder cumplir ese compromiso, dejando en evidencia lo difícil que ha sido abordar el tema y lo improvisado que resulta partir en la ley de Presupuesto 2016 que debe discutirse pronto en el Congreso Nacional.

¿Por dónde partir? ¿Con qué aranceles? ¿Con cuáles exigencias? Son todas decisiones complejas que traen consecuencias que no han sido previstas. La pregunta es si se puede o si es conveniente para el país, cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior en una ley de presupuesto.

El punto está en decidir qué es lo que queremos realmente. Porque, avanzar en la gratuidad con los recursos que el gobierno ha comprometido para el 2016, es absolutamente posible, si se optara por la vía de complementar las becas de los más de 300 mil jóvenes que ya las reciben y que no les cubre completamente los aranceles que deben pagar. En los Centros de Formación Técnica las becas cubren la mitad del arancel; en algunas universidades, menos que la mitad. Incluso podrían ser más los estudiantes que accederían a la gratuidad total, que los que prometió la Presidenta. Se trata de una solución práctica que seguramente no será aceptada a causa del predominio del ideologismo reinante. De esa forma, habría gratuidad, pero no cambio estructural ni cambio del sistema de financiamiento.

Ojalá el gobierno se dé cuenta de que una reforma de esta magnitud, debe estudiarse y discutirse con el tiempo suficiente. Por ello, es un grave error partir con la gratuidad en la ley de presupuesto, cuando está la alternativa de ampliar las becas para avanzar en ella. La consecuencia de una nueva improvisación, podría continuar ahondando el desprestigio de la actual administración.