Seis de los 11 candidatos a fiscal nacional han debido enfrentar a la justicia

La definición del próximo fiscal nacional sigue generando polémica. Y es que seis de los once candidatos que compiten para asumir en ese cargp han afrontado procesos judiciales -como querellados, recurridos o demandados- en algún tribunal de justicia.

Los aspirantes al cargo buscan convertirse por los próximos ocho años en la máxima autoridad a cargo de dirigir investigaciones y perseguir penalmente todos los delitos cometidos en el territorio nacional. Hoy el diario La Tercera publicó una verdadera radiografía a la “hoja de vida” de los candidatos.

Esto gracias a una indagación que consideró las causas registradas en el sistema informático del Poder Judicial, que permite acceder a las causas radicadas en tribunales civiles, laborales, de cobranza y penal. También los recursos presentados ante las Cortes de Apelaciones del país. Si bien ningún candidato al cargo registra sentencias condenatorias, el análisis reveló que uno de los postulantes estuvo en prisión preventiva, mientras que otros fueron querellados por delitos de violencia intrafamiliar o afrontaron demandas por incumplimiento en los pagos con empresas o a trabajadores que estaban a su cargo.

Según la consejera y ex presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, “los impedimentos legales son de derecho estricto. En consecuencia, una persona a la que se le ha abierto una investigación por la comisión de un posible delito, no significa inhabilidad alguna para postular al cargo”.

En tanto, los requisitos estipulados por ley para aspirar a fiscal nacional se encuentran tener, al menos, 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años y, el más importante, ser ciudadano con derecho a sufragio, es decir, no registrar condenas en su extracto de filiación.

Cabe destacar que en estos casos no hay alguno que los inhabilite, ya que ninguno fue condenado.

A continuación, revisa el listado detallado de los candidatos que tuvieron causas judiciales y los que no:

Hilda Cerda Espíndola. Caso: apropiación indebida, que le valió prisión preventiva.

Una indagatoria por el presunto delito de apropiación indebida -que tramitó el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago- dejó a la profesional detenida durante 14 días, en 2004. Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 28.939-2004), de fecha 15 de octubre, resolvió que “teniendo presente que se encuentran aún pendientes las diligencias relativas a la participación del imputado Constantino Mohor Schmessane, para cuyo cumplimiento, se estima necesario mantener a la procesada Hilda Cerda Espíndola en prisión preventiva”. La causa comenzó tras una denuncia realizada por el ex marido de Cerda, en que la acusaba de ser la presunta autora intelectual de la falsificación de una escritura enviada a la notaría. Consultada al respecto, la abogada dijo que se trató de un tema familiar por el cual terminó arrestada en el ex anexo cárcel Capuchinos, durante dos semanas. Cerda explicó que “se demostró que yo no podía ser el autor intelectual, puesto que yo no fui la que redactó la minuta. Entonces, al demostrarlo, inmediatamente me levantaron (el arresto). Dijeron ‘esta señora no tiene nada que ver’ y lo dejaron sin efecto, o sea, ni siquiera me sobreseyeron, dejaron sin efecto la imputación”. Agregó que fue detenida porque “lamentablemente (en esa fecha) no existía la presunción de inocencia. Bastaba con que alguien inventara cualquier delito para que inmediatamente comenzara a operar y a la persona la metieran presa. Antes uno era culpable hasta demostrar que era inocente. He sido víctima del sistema que estaba mal concebido”.

Luis Toledo Ríos. Caso: Violación de secreto y cotizaciones impagas.

Fiscal regional de O’Higgins, que se inhabilitó para indagar el caso Caval mientras dure su participación en el proceso de encabezar la fiscalía, registra dos causas en el sistema del Poder Judicial. Una de ellas fue por presunta violación de secreto en el caso de trata de paraguayos en Rancagua. En este caso Toledo, junto a otros fiscales con que investigó al empresario Francisco Javier Errázuriz, fue querellado. En 2011 el caso fue sobreseído. También afronta otra causa por no pago de cotizaciones a una asesora del hogar en 2013. Por este hecho, el Juzgado de Letras de Rengo despachó un embargo el 2 de mayo de 2013 para que “en el acto de la intimación pague a Administradora de Fondos de Pensiones Provida o a quien sus derechos represente, la suma de $47.544”. Sobre esta última situación, el fiscal Toledo dijo que “pedí explicaciones a mi contador y se me acreditó que dicha deuda ya no existe por haberse cubierto los saldos adeudados con dicha institución (…). El asume que incurrió en un error de cálculo durante el año 2010, fecha en que se liquidó la deuda, quedando un remanente que originó el cobro, pero ya todo está regularizado”.

Sobre la querella de Errázuriz, el fiscal Toledo dijo que ésta “se enmarcó en la persecución penal dirigida en contra de dicha persona y dos de sus cercanos por los delitos de tráfico ilícito de migrantes mayores y menores de edad y trata de personas. En dicha causa, tanto yo como los fiscales fuimos sobreseídos el 2013, por no existir delito alguno”.

Raúl Guzmán Uribe. Caso: Fue demandado por SQM y por no pago de cotizaciones.

El fiscal regional Sur de Santiago afrontó una demanda civil en 2009 por adeudar $ 971.496 a la empresa Soquimich. El pago del dinero y el archivo de la causa se realizó en agosto de este año, un mes antes de postularse al cargo de fiscal nacional. Del mismo modo, enfrentó una demanda en 2012 por no pago de cotizaciones a uno de sus empleados directos. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Sur aclararon, por escrito, que la deuda a SQM corresponde a la cobranza de un cheque “que fue pagado a una empresa agrícola, que más tarde lo endosó a la empresa Soquimich. En el intertanto, Guzmán extravió un talonario de cheques optando por dar orden de no pago (…). En estas circunstancias el documento fue protestado, iniciándose la gestión de cobranza civil, la que fue notificada en un domicilio antiguo. Con el tiempo, el Sr. Guzmán tomó conocimiento de la gestión y pagó el importe del cheque”.

Respecto de las cotizaciones impagas, “corresponde a dos meses de cotizaciones previsionales de un trabajador agrícola que tuvo una relación contractual con una sociedad de la que Guzmán era parte, aunque no tenía a su cargo la representación legal. Un error del contador de la sociedad provocó que en un período de dos meses las cotizaciones previsionales fueran pagadas indicando el RUT de una persona distinta del trabajador (…). Ni la sociedad empleadora ni Guzmán tuvieron conocimiento de la existencia del cobro judicial, puesto que la AFP, al haberse hecho la corrección administrativa del error, decidió unilateralmente retirar la demanda”.

José Morales Opazo. Caso: Enfrentó una querella por injurias.

El jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana afrontó una causa por presuntas injurias, delito que es de acción privada. La causa se generó tras una denuncia que el fiscal Morales realizó en contra de un grupo de personas por haber agredido a su hijo de 15 años. Los denunciados reaccionaron presentando una querella por injurias en contra del fiscal, por la presunta falsedad de las imputaciones contenidas en la denuncia. Finalmente Morales fue sobreseído y la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en costas a los querellantes, quienes posteriormente interpusieron un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones, que confirmaron el sobreseimiento definitivo y el pago de las costas.

Además, existe un escrito presentado por Moneda AGF, querellante del caso Cascadas, en que pidió la salida del fiscal por “falta de acuciosidad”, “omisiones de la investigación”, “graves deficiencias cualitativas”, y que a su juicio “han dañado gravemente la investigación y beneficiado siempre a las defensas”.

Si bien el fiscal nacional, Sabas Chahuán, rechazó la petición, sí reasignó la causa “atendida la especial complejidad de la investigación”. En su lugar asumió el fiscal regional Andrés Montes, el superior de Morales.

Consultado al respecto, el postulante a liderar la fiscalía señaló que todos los antecedentes, respecto a ambos casos, son públicos. Agregó que las razones que generaron estas situaciones ya han sido dadas a conocer, por lo tanto no quiso referirse al tema.

José Luis Pérez Calaf. Caso: Afrontó querella por violencia intrafamiliar.

El 3 de noviembre de 2009, el ex fiscal regional de O’Higgins afrontó una querella por el presunto delito de parricidio frustrado con resultado de lesiones menos graves, en contexto de violencia intrafamiliar. En la acción legal su ex esposa, Lucía Rojas, denunció que mientras hablaban a través de la ventana del vehículo, Pérez “se exasperó y me tomó de la ropa tirándome adentro del auto, arrancando a gran velocidad”, indica la querella. La causa fue tramitada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que sobreseyó el caso en 2011.

El fallo del tribunal indicó que la fiscalía aplicó una decisión de no perseverar por “darse el caso que no ha podido recabar una prueba suficiente para poder sostener una acusación y eventual juicio, lo que no es sinónimo de que no haya existido un hecho con carácter de delito”. Consultado al respecto, Rocío Berríos, abogada que representó a Pérez Calaf en la causa, explicó que “después de más de un año de investigación, la fiscalía de Las Condes decidió no perseverar en su investigación, por no haber pruebas en su contra”. La profesional agregó que “en 2011, el Cuarto Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones. El sobreseimiento definitivo es equivalente a una absolución, en consecuencia, no hay duda de que por este hecho él no está afectado por ninguna causal de inhabilidad que le impida postular a fiscal nacional”.

Jaime Jansana Medina. Caso: Pagaré impago por $ 5 millones a una sociedad.

Fue abogado del ex candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt en el caso firmas. Según el sistema web de consulta de causas del Poder Judicial, Jansana registra una causa civil (rol C-12484-2013) en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. Se trata de una demanda ingresada al tribunal el 30 de agosto de 2013 por Ignacio González Landeta, quien se identifica como abogado, en representación de la Sociedad Educacional Loyola.

Según el escrito, “mi representada es dueña de un pagaré por la suma de $5.131.932.-, pagadero en 11 cuotas, mensuales y sucesivas (…). El pagaré singularizado fue suscrito por don Jaime Jansana Medina (…) y se encuentra impago desde su segunda cuota, inclusive, habiendo sido protestado por falta de pago, en ejercicio de la facultad estipulada a favor del acreedor para exigir el total insoluto en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas. A esta fecha, el deudor únicamente pagó la primera cuota, adeudando el saldo del pagaré. El protesto no fue hecho personalmente al deudor, por lo que procede preparar la vía ejecutiva en su contra mediante su notificación judicial”.

Luego, según el registro, el 9 de diciembre de 2013 la demanda fue retirada, y desde el 22 de mayo de 2014 figura como una causa archivada.

Consultado al respecto, Jansana dijo desconocer el proceso judicial y señaló que “que no he enfrentado causa civil con una sociedad educacional”.

Revisa los postulantes que no tuvieron causas aquí:

Jorge Abbott Charme, director ejecutivo del Ministerio Público y ex jefe de la fiscalía de la V Región.

Actualmente, ocupa el cargo de director ejecutivo de la Fiscalía Nacional. Cuando fue fiscal regional de Valparaíso -cargo que ocupó entre 2002 y 2010- formalizó a la diputada UDI Claudia Nogueira por el presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias. Finalmente, llegó a un acuerdo judicial con ella para que pagara más de $ 30 millones al Fisco. Contaría con el respaldo del fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Juan Carlos Manríquez, especialista en derecho penal económico y defensor del ex rector de la U. del Mar.

Abogado de la Universidad de Valparaíso y con postgrado en derecho penal económico. Entre sus últimas actuaciones públicas está la defensa del ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, indagado por presunto cohecho y lavado de dinero. Como abogado de la Asociación Chilena de Casinos, denunció una serie de recintos clandestinos en distintas regiones del país.

Rafael Mera Muñoz, fiscal regional de Los Ríos y ex jefe regional de Los Lagos.

Fiscal regional de Los Ríos y primer postulante al cargo de fiscal regional este año. Fue asesor jurídico de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante durante siete años. Luego, fue designado como fiscal naval de Magallanes. En mayo de 2002 fue nombrado fiscal jefe en Pitrufquén, en La Araucanía. En 2002 encabezó la Fiscalía de Los Lagos.

Iván Pavlov Peric, abogado asesor de la Seremi de Educación de Antofagasta.

Abogado asesor de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, de la Región de Antofagasta. Compitió ante la Corte de Apelaciones por el cargo para encabezar el Ministerio Público en la II Región en agosto pasado, puesto que finalmente fue asignado al ex fiscal regional de la zona Metropolitana Oriente, Alberto Ayala.

Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Abogado de la Universidad de Chile y magíster en gestión y políticas públicas de la misma casa de estudios. Desde 2008 se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Formó parte del equipo responsable de la gestación de la Reforma Procesal Penal y está vinculado a su proceso de diseño, tramitación e implementación.