¿Tendremos un contralor del gobierno?

Entre el 1º y el 2 de octubre reciente, nos dirigimos vía correos electrónicos a los 38 senadores que tendrán en sus manos la decisión final de ese nombramiento, expresándoles que tuvieran presente lo que ha estado diciendo la Asociación de Funcionarios de la Contraloría en cuanto a que se respetara la carrera funcionaria en la elección del titular de ese organismo, criterio que naturalmente compartimos.

La senadora Lily Pérez fue la única que acusó recibo del mensaje, respondiendo que su posición ha sido divulgada por la prensa.       

Por otro lado, el ministro Burgos ha dicho que si su preferido no cuenta con los votos necesarios para ejercer ese importante cargo público, él tendrá que revisar si continúa como ministro jefe del gabinete de la presidenta Bachelet, con lo cual está presionando indebidamente a la Nueva Mayoría para que todos sus senadores se cuadren con Rajevic.

Estimamos que el deplorable episodio del incumplimiento de la beca otorgada por el Estado para que Rajevic fuera a una universidad española a perfeccionar sus conocimientos es irrelevante si lo comparamos con su fluida relación con el gobierno ya que la tradición republicana indica que el Contralor debe ser necesariamente independiente pues la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría señala que ella es autónoma.

Conocimos a Rajevic mientras se desempañaba como director jurídico del Consejo para la Transparencia y nadie pone en duda que es un competente y serio abogado y por ello, en días pasados, algunos consejeros de esa función pública publicaron en un diario de circulación nacional una carta de legítimo apoyo a su nominación.

El gobierno de Bachelet, por lo que le ha informado el ministro Burgos en cuanto a la excelencia profesional a toda prueba de Rajevic, perfectamente le puede dar un cargo de ministro o cualquiera otra posición de relevancia dentro de la actual Administración, incluso si se trata de reconocer sus méritos sobre todo académicos, también lo podría nombrar como embajador en un país que se considere importante en las relaciones exteriores.     

Pero lo que sí está claro es que el fiscalizador obligatoriamente debe ser independiente del fiscalizado. Son muchos los servicios públicos que hasta ahora no han dado el ancho, más todavía en el ámbito municipal y nos preocupa sobremanera que Rajevic en su opúsculo “Contraloría y función de control : una necesaria revisión”,  haya planteado que el control jurídico de los actos administrativos no eran vitales, entre otros motivos, porque son muchos los que se deben examinar y porque no hay plazos fatales para cumplir con esa obligación.

Menos nos gusta cuando ha justificado el actuar de la Corte Suprema, en ciertos juicios interpuestos por influyentes actores privados en contra de sólidos dictámenes de la Contraloría, mediante los cuales se han evidenciado irregularidades en el otorgamientos de permisos.

En efecto, en un par de casos el máximo tribunal ha emitido sentencias a favor de esos privados argumentando erróneamente que la Contraloría solo puede ejercer su función en los aspectos meramente formales de los actos administrativos y no en las materias de fondo.

En nuestra opinión, y suponemos que en la opinión de todos aquellos que propugnan las buenas decisiones, lo óptimo para nuestro Estado de Derecho sería que el nuevo contralor, hombre o mujer, provenga de la propia Contraloría General de la República. Pero si el gobierno insiste en desconocer los atributos de sus funcionarios, el ministro Burgos podría recapacitar y no es tarde para ello, eligiendo a un abogado ojalá de regiones para dar buenas señales, ya que Santiago no es Chile. Y ese letrado debería ser de absoluto consenso político.