Nueva legislación: políticos deberán transparentar fortunas y vender ante conflictos de interés

Hasta la explosión del caso Penta, y luego SQM y Corpesca, siempre fue un tema la relación entre la política y los negocios. Cuando esto se hizo más patente para la opinión pública fue hace dos elecciones presidenciales, en el momento en que se le criticaba a Sebastián Piñera que no quisiera desprenderse de parte de sus negocios. De a poco este tema empezó a hacerse más y más patente, teniendo otra expresión hace unos meses, cuando se reportó que el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, había asesorado a empresas mineras mientras encabezaba -en su período como diputado- la comisión del ramo.

Este tipo de situaciones fueron en paralelo a las investigaciones judiciales que tenían por foco a los políticos que presuntamente recibieron aportes irregulares por parte de empresas, lo que provocó un enorme descrédito ante la ciudadanía. En ese sentido el gobierno impulsó una serie de medidas y leyes que buscan transparentar y perfeccionar el quehacer político, junto con el financiamiento de éste.

Hace tres años que existe una iniciativa, que estuvo inmóvil en el Senado, la que fue reactivada hace poco, según reporta La Segunda. Ésta es la llamada Ley de Probidad en la Función Pública, y aparenta ser una de las que va en serio.

Esto, porque extendería el espectro de autoridades públicas -considerando miembros del poder judicial, legislativo (parlamentarios) y Ejecutivo (Presidencia)- que estarán obligadas a declarar su patrimonio e intereses. Esto era algo que debía hacerse hasta estos días, pero si se hace efectiva esta nueva ley, el detalle de esta declaración será muchísimo mayor. Uno de los puntos es que será obligatorio entregar el valor del patrimonio. Hasta ahora esto es voluntario.

Otro aspecto de esta ley responde a la necesidad de traspasar a un ente externo la participación o las acciones en ciertas empresas, en particular cuando existan conflictos de interés con el Estado, o sean por montos superiores a las 25 mil UF, que asciende a la Unidad de Fomento de hoy hasta poco menos de 635 millones de pesos. A esto se le llama fideicomiso ciego, y sería encargado a corredoras de bienes, bancos y o administradoras de fondos. La autoridad que constituya el mandato tendrá prohibido tomar contacto con la persona o entidad que esté administrando estos elementos.

Incluso según reporta el vespertino, diversas autoridades estarían adelantando esta revisión patrimonial. De acuerdo a la información disponible, son 24 parlamentarios que disponen un patrimonio considerado como “alto”: más de tres propiedades, más de una sociedad o valores en acciones o participaciones en empresas por sobre 100 millones.

En el Senado algunos que han transparentado esto son los senadores Patricio Walker, Ignacio Walker, Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar (todos DC), Baldo Prokurica y Alberto Espina (RN) y Jaime Orpis y Hernán Larraín (UDI). Los senadores Eugenio Tuma (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) no entregan muchos detalles, pero informan respecto de sus propiedades.

En la Cámara de Diputados se consideran los casos de los diputados Daniel Farcas y Enrique Jaramillo (PPD), Alejandro Santana y Diego Paulsen (RN), Pedro Browne (Amplitud), José Pérez (Radical), Matías Walker, Roberto León y Pablo Lorenzini (DC) y José Antonio Kast, Ernesto Silva, Ignacio Urrutia y Ramón Barros (UDI), entre otros.

La complicación surge cuando existen sociedades constituidas con familiares, lo que hace más difícil su disolución, o la creación de un fideicomiso con el porcentaje de participación.

En el gobierno, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, es el que posee el mayor patrimonio declarado, de cerca de 27 millones de dólares. Él, por ejemplo, se acogió a un fideicomiso ciego para desligarse de la administración de sus bienes.

Hay muchas otras autoridades que manifiestan participación en empresas, pero no detallan montos. Con la nueva ley deberán hacerlo y precisar el valor de sus bienes.

Sanciones

Si es que -en el caso de los parlamentarios- no se informa correctamente de estos montos, se supone que serán las comisiones de ética quienes los insten a entregar información correcta. En ese caso podrían enfrentarse a multas que oscilan entre los 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales o UTM (entre 223 mil y 2 millones 228 mil pesos al valor de hoy). Los ministros y jefes de servicio, además de las multas, podrán ser destituidos.

En el caso específico de que un parlamentario no se desprenda -no deje de tener participación- en una empresa que preste servicios al Estado, que tengan tarifas reguladas o que exploten concesiones públicas, se exponen a multas que van desde las 10 a las mil UTM (entre 446 mil a 44 millones 553 mil pesos).

El universo de autoridades y funcionarios que deberá transparentar sus bienes y patrimonio ascendería a 17 mil. Se sumarán asesores a honorarios de altas remuneraciones, consejeros del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Instituto de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de la Televisión y de la Alta Dirección Pública, directores y gerentes de empresas públicas, expertos de tarifas eléctricas, del Transantiago y de concesiones de Obras Públicas y rectores de Universidades.