Aumenta presión para que senadores investigados se marginen de votación de Fiscal Nacional
La decisión de Iván Moreira (UDI) y de Fulvio Rossi (PS) va en contraste de los parlamentarios que insisten en que, por ley, no tienen motivo para marginarse de la votación del candidato que la Presidenta Michelle Bachelet proponga para encabezar el Ministerio Público. También se estaría buscando un nombre de consenso para evitar traspies como los sufridos con la elección del Contralor.
La lectura responde a que no basta con cumplir la ley. El estándar que debieran tener los políticos, o por lo menos el que se espera que tengan, en su calidad de representantes electos de la ciudadanía, es superior al mero cumplimiento de las normas.
¿Por qué esto es relevante? Porque la discusión que suena ahora en la clase política tiene que ver con la marginación o no de los senadores involucrados -en distintos grados- en investigaciones del Ministerio Público, a la hora de votar a favor o en contra del próximo Fiscal Nacional, quien tendrá que hacerse cargo de los casos de presunto financiamiento irregular de la política.
Hace días que los protagonistas de esta discusión, principalmente los senadores Jorge Pizarro (presidente de la DC), Ena Von Baer (UDI), Eugenio Tuma (PPD), Jaime Orpis (UDI), Iván Moreira (UDI) y Fulvio Rossi (PS)han estado en la mira de la opinión pública respecto de este tema.
La semana pasada el senador Tuma indicaba “¿Por qué tengo que inhabilitarme?”. Él está siendo investigado por presunto fraude al fisco -vía desvío de fondos del Senado para otros fines- y presenta una querella en su contra por parte del Consejo de Defensa del Estado, así como otra presentada por la fundación Ciudadano Inteligente, por presunto cohecho. Sin embargo, su principal argumento responde a que, a diferencia del caso de Moreira, no se encuentra formalizado.
Sus argumentos son -al menos en escencia- compartidos por Von Baer, de la que han surgido antecedentes de haber solicitado financiamiento al grupo Penta. “Voy a cumplir con mi deber como senadora tal como lo he hecho hasta ahora”, a lo que luego agregó que “voy a entregar toda la información a la fiscalía y de hecho, mucha gente no lo sabe, pero yo no fui formalizada”.
El presidente de la DC, Jorge Pizarro, indicó en la misma línea que “no hay inhabilidad alguna en ninguno de los casos de los senadores, pero evidentemente cada uno votará de acuerdo a sus convicciones”. El senador fue vinculado al caso SQM, después de que la empresa rectificara 11 facturas por 45 millones de pesos por parte de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, entre 2011 y 2012.
El estricto apego a la norma sería correcto. Sin embargo han surgido voces, como el senador Jaime Navarro (MAS), quien dijo que “los senadores que están siendo investigados no pueden votar al Fiscal Nacional, toda vez que haya conflicto de interés”, y luego la presidenta del PS, Isabel Allende, que ha hecho un llamado para que los parlamentarios que han sido vinculados a casos judiciales, o que sean objeto de estas indagatorias, se inhabiliten. Y ayer salieron las primeras luces.
Primero, a través de un comunicado, el senador Fulvio Rossi indicó que había decidido inhabilitarse. Esto, para “fortalecer una institución tan importante para Chile como lo es el Ministerio Público”. Paso seguido, desde la Alianza, el senador Iván Moreira -el primero en reconocer ante la opinión pública las irregularidades a las que se supone incurrió en el financiamiento de su campaña- determinó abstenerse. “Como un gesto que muestra mi sincera voluntad de corregir estos errores y que la clase política recupere la confianza ciudadana necesaria; he sido el único que ha dicho la verdad reconociendo los errores cometidos. Con este mismo espíritu de querer actuar con trasparencia y con la intención de rectificar mis errores considero necesario abstenerme”, indicó ayer, resaltando que “no he cometido ningún delito, sólo una infracción electoral”.
De acuerdo a La Tercera, el senador Jaime Orpis (quien prestó este martes y miércoles declaración ante el Fiscal Nacional Sabas Chahuán por el caso Corpesca) podría seguir el camino de Moreira, pero sería una decisión de último minuto, con tal de no mermar la capacidad negociadora de su partido.
El senador Carlos Montes (PS), determinó inhabilitarse del proceso porque su hijo es el fiscal regional de la zona Centro Norte, Andrés Montes.
De a poco se va esclareciendo el escenario que enfrentará la Cámara alta. El candidato a Fiscal Nacional que proponga la presidenta Michelle Bachelet debe ser ratificado por dos tercios del Senado, lo que significa 25 votos de los 37 senadores habilitados para votar. Las inhabilidades o abstenciones no alteran este número.
Sin embargo, también está surgiendo otra discusión. La de aceptar al cuestionado nombramiento de Enrique Rajevic a la Contraloría General de la República -siendo la principal piedra de tope la falta de negociación política que cometió La Moneda en su propuesta- a cambio de cerrar en un candidato de consenso para el Ministerio Público.
Si bien el ministro de Interior, Jorge Burgos, principal responsable del impulso a la candidatura de Rajevic, indicó que “son cosas muy distintas. No (es negociable)”, se reporta que desde la Democracia Cristiana el candidato preferido de la quina que liberó la Corte Suprema sería el jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Zona Centro Norte, José Morales. Incluso, éste ha realizado un importante lobby político, que ha contemplado reuniones en la casa de Guido Girardi (senador PPD).
La discusión continúa sobre la mesa, y aún hay tiempo para que los parlamentarios decidan dar una señal a la ciudadanía, para hacer frente al profundo descrédito que ha sufrido la clase política. Y además, por mucho que el ministro del Interior no esté de acuerdo con considerar una “moneda de cambio”, la capacidad negociadora de La Moneda se vio reducida tras el traspié de Rajevic.
