Qué pasará con los casos Penta, Corpesca, SQM y por qué es relevante la elección del Fiscal Nacional

Es una de las nominaciones más esperadas. A causa de las investigaciones que involucraban a miembros de la clase política, todos estaban esperando a que finalmente la Presidenta Michelle Bachelet determinara quién será el próximo Fiscal Nacional, que deberá continuar a la cabeza de indagatorias como el caso Penta, SQM y Corpesca, entre otros. Este jueves poco antes de medio día se aclaró que el Ejecutivo determinó nominar al actual director ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott.

El cargo de jefe máximo del Ministerio Público es sumamente relevante, y no sólo por su función normal, que es encabezar la institución que persigue los delitos que se cometen en Chile, sino porque también Abbott, en caso de ser aprobado por el Senado, quedará a cargo de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de la política. Sin embargo, la aprobación en la cámara alta se asume difícil, ya que es un quórum alto que se exige y el gobierno llega malherido para ratificar esta postulación, después de que sufriera un traspié con el rechazo a Enrique Rajevic al cargo del Contralor General de la República.

El punto más delicado de esta elección tiene que ver con que algunos de los parlamentarios están siendo indagados en estos casos, y ellos son quienes tienen que votar a favor o en contra del próximo cargo máximo del ente persecutor.

Como jefe del Ministerio Público, Abbott –en caso de ser aprobado– tendrá como misión el buscar cómo reducir los índices de criminalidad en Chile, pero por cierto que no es ni lo único ni lo más delicado de su trabajo.

¿Quién es el Fiscal Nacional y por qué es importante?

El Fiscal Nacional, cargo que actualmente es ostentado por Sabas Chahuán, es la máxima autoridad del Ministerio Público o Fiscalía de Chile. Esta institución, a través de los fiscales, es la que realiza la persecución criminal en contra de individuos o grupos que cometan delitos en nuestro país.

Esto principalmente se traduce en realizar las investigaciones -en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros- para esclarecer los motivos o circunstancias en la que se cometió un delito, y luego los persecutores analizan si se deben acusar o no a las personas involucradas o mencionadas en estas indagatorias. Se supone que trabajan con principio de objetividad, por lo que si no encuentran fundamentos para acusar a una persona, también comunican esa decisión. En caso contrario, comunican los cargos a los imputados o acusados, y están encargados de analizar si es viable o no un juicio, proponer eventuales penas para los acusados ante los tribunales, presentar las pruebas. Además, deben evaluar si hay mérito para juicios más cortos, o suspensiones de los cargos a través de medidas reparatorias o acuerdos.

¿Quién es Jorge Abbott, y por qué es importante que se haya elegido a él y no a otro?

Hasta ahora Abbott se desempeña como Director Ejecutivo de la Fiscalía Nacional, que está a cargo en términos administrativos de distintos aspectos de todo el Ministerio Público. El cargo dura 8 años, y se puede el Fiscal Nacional no puede sobrepasar los 75 años, por lo que Abbott, que asumiría el cargo con 68 años, terminaría antes su período al mando del Ministerio Público. La lectura inicial que se hace es que, como trabaja junto al Fiscal Nacional, se considera que Abbott sería una suerte de continuador de la gestión de Chahuán, quien encabeza las investigaciones en contra de autoridades por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento de actividades políticas, en el que hay diputados y senadores en calidad de formalizados –sólo se le han comunicado los cargos.

Además, en su exposición ante la Corte Suprema –quienes propusieron a cinco candidatos a la Presidenta– Abbott enfatizó que, bajo su gestión como fiscal en Valparaíso, se persiguieron “los delitos de corrupción, los delitos contra la propiedad y haber realizado investigaciones que tuvieron mucha importancia pública por las personas que se encontraban afectadas por las mismas”. Aquí hace mención indirecta a una investigación que dirigió por supuesto desvío de dineros por parte de Claudia Nogueira (UDI) –que llegó a un acuerdo extrajudicial– y también de Maximiano Errázuriz (ex RN) por uso indebido de asignaciones parlamentarias, que en su momento causó un revuelo similar a los casos que actualmente tienen a la clase política contra las cuerdas.

¿Cómo se elige al Fiscal Nacional?

Es el Senado el que debe sumar dos tercios (25 de un total de 37, ya que Carlos Bianchi está desaforado) para aprobar la postulación del Fiscal Nacional. Entre los senadores que van a votar, se encuentran algunos de los investigados en los casos Penta, SQM y Corpesca, así como también otro tipo de indagatorias, que si bien no derivan aún en juicios, todavía están en curso.

O sea ¿Los senadores involucrados podrán votar para aprobar o rechazar a quien los investigará?

Efectivamente. Hasta ahora, a nivel de la Comisión de Ética del Senado se ha establecido que no existen inhabilidades de por sí para que voten los senadores que están, de alguna manera, involucrados en investigaciones del Ministerio Público.

No obstante, algunos de estos se han pronunciado de forma diversa sobre este conflicto ético.

Fulvio Rossi (PS): El senador es investigado por presuntos aportes irregulares por parte de SQM tanto a su campaña, y además surgió un correo que le envió al ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, solicitándole financiamiento para una treintena de candidatos. Rossi indicó que se inhabilitará.

Jorge Pizarro (DC): El presidente de la falange también se ha visto manchado por la investigación que lleva la Fiscalía en contra de sus hijos y su empresa Ventus, que también emitió boletas presuntamente falsas. Se le ha criticado y recién este mismo jueves adelantó que “lo más probable es que me vaya a abstener”.

Iván Moreira (UDI): Este parlamentario aparece vinculado al caso Penta a causa de una serie de correos que envió a Hugo Bravo, ex gerente de la firma, y quien habría sido el que daba las instrucciones para emitir las boletas que derivaron en financiamiento presuntamente irregular a campañas políticas. Moreira reconoció irregularidades y adelantó que se abstendrá de la votación.

Jaime Orpis (UDI): En el caso Corpesca, la empresa del grupo Angelini le habría entregado cerca de 230 millones de pesos a través de boletas emitidas por asesores. Orpis reconoció irregularidades a través de una carta, pero aseguró que estos dineros no habrían influenciado su forma de votar particularmente la ley de pesca. Actualmente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría evaluando querellarse en su contra por cohecho -recibir dinero siendo funcionario público en favor de algo o alguien- y malversación de dineros públicos. Hasta ahora estaría evaluando abstenerse, pero no lo hace público para no quitarle poder negociador a la UDI.

Eugenio Tuma (PPD): Si bien el Ministerio Público no ha formalizado una investigación en su contra, el CDE se querelló en su contra por presunto fraude al fisco, por supuestos gastos irregulares de sus dineros como parlamentario, que incluían juegos de loza y pizza. Tuma le echó la culpa a su asesora (y a la vez denunciante) e indicó que “¿Por qué me voy a inhabilitar?”.

Ena Von Baer (UDI): Tras negar haber solicitado dinero en el marco del caso Penta, surgió un correo de ella precisamente pidiendo fondos a la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Ella argumentó que era por una deuda posterior a la campaña, el que “nunca recibió respuesta”. Von Baer ha manifestado que no se va a inhabilitar.

¿Qué otros problemas se enfrentará el próximo Fiscal Nacional?

Como si lo anterior fuera poco, también existe una pugna entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. Esto, porque el SII es el único que puede emitir una querella o denuncia en contra de alguien que haya cometido un delito tributario. El principal mecanismo que se habría utilizado para financiar irregularmente actividades políticas -tanto de la oposición como de la Nueva Mayoría- sería la emisión de boletas por servicios que no se realizaron, para posteriormente entregar dineros.

Entonces, la Fiscalía ha usado estas boletas, y las primeras querellas y denuncias del SII para perseguir tanto a quienes reciben estas boletas (las empresas) como a quienes las emiten (asesores o cercanos) y también a los supuestos objetos de estos dineros, que son los políticos.

Sin embargo, en la medida de que las investigaciones fueron acercándose a funcionarios del gobierno de Bachelet, se notó un importante freno por parte del SII y la presentación de acciones penales. Incluso, su director anterior, Michel Jorratt acusó presiones “de Interior” (en alusión al ex titular de ese ministerio, Rodrigo Peñailillo) para no investigar a SQM. Una vez cambiadas las autoridades, el SII, ahora dirigido por Fernando Barraza, empezó a enviar querellas con nombre y apellido y sin considerar, como es usual, la frase “contra quienes resulten responsables”, lo que se interpreta como la búsqueda por parte del Servicio para limitar las investigaciones de la Fiscalía. Eso aún es terreno abierto y Abbott deberá afrontar el futuro de estas investigaciones.

También está una discusión, que trata sobre si es delito o no el emitir documentos tributarios falsos. Existe un planteamiento, llamado informalmente “doctrina Escobar”, que toma su nombre por el ex director del SII, Ricardo Escobar, que plantea que este tipo de falta no es un delito, sino que respondería a una situación que puede resolverse vía administrativa, como por ejemplo una multa ante el ente fiscalizador. La postura del Ministerio Público hasta ahora responde a que sí se habría cometido delito al estar involucrado en la emisión o facturación de documentos falsos, pero es un argumento que se ha barajado desde hace un tiempo a modo de “salida política”. Si Abbott resulta electo tendrá que enfrentar esta postura.

Y un tema bastante posterior, pero no menor, tiene que ver con la expectación que se ha generado en la ciudadanía respecto de las eventuales penas que recibirían los políticos investigados en estos casos. El Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha intentado bajar esta expectativa, pese a que uno de los fiscales que integran los equipos que investigan estos delitos, Carlos Gajardo, asegura que sí se puede llegar a una pena de cárcel en estos casos, principalmente a causa de la reiteración de estos hechos. Asimismo, como es una de las funciones dentro del Ministerio Público, deben analizar es viable o si es que corresponde alguna salida alternativa, como ya se está evaluando, según confirmó el propio Sabas Chahuán. Finalmente será una discusión, en mucho tiempo más, ante los tribunales, la que determine si se cumplen o no las expectativas que tiene la ciudadanía.