Gobierno busca reactivar penas de cárcel por colusión y Presidenta manifiesta su rechazo al “cartel del confort”

Ha habido transversal indignación por la colusión entre las empresas de derivados del papel, bautizado coloquialmente como el “cartel del confort”, que se generó a partir de una presentación que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de la Libre Competencia, donde acusa a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y a la empresa SCA -ex PISA- de ponerse de acuerdo para fijar los precios de productos derivados del papel: toalla nova, servilletas, toallas higiénicas y papel higiénico, entre otros.

La CMPC, empresa que pertenece al grupo Matte, reconoció ante la FNE su participación en esto, cosa que posteriormente realizó la SCA. En los detalles de esta operación, que se llevó a cabo a lo largo de 10 años, se cuentan reuniones en un cuartel de bomberos, luego en lujosos hoteles, uso de celulares prepago para hablar de los precios y casillas de correo encubiertas para enviar información clasificada y lo más llamativo: la destrucción de los computadores con la información al lanzarlos al canal San Carlos en el 2011, por parte de funcionarios de la CMPC.

 

El gobierno reaccionó con dureza respecto de este tema, y en una mención del caso realizada por la Presidenta Michelle Bachelet, ella lo calificó como un caso de “máxima gravedad”. Lo comparó con otros de los casos que más han afectado a la ciudadanía, como la colusión de las farmacias o el acuerdo para fijar los precios de las empresas productoras de pollos.

“¿Qué tienen todos estos casos en común? Tienen una cosa en común, y es que perjudican a las personas fijando un precio más caro que atenta contra la libre competencia y afecta, sin duda, el bolsillo de las familias“, afirmó la mandataria.

También recordó que el Ejecutivo envió el pasado marzo un proyecto de Ley al Congreso que endurece las multas y establece sanciones de cárcel contra los responsables de estos hechos que atentan contra el funcionamiento del mercado, así como también busca fortalecer la persecución que puede encabezar la Fiscalía Nacional Económica.

La mandataria enfatizó en que “vamos a empujar con fuerza en el Congreso este proyecto, porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y sobre todo, la confianza y la imagen de nuestro país“.

En la misma línea se pronunció el ministro de Interior, Jorge Burgos, el que también manifestó su rechazo a estos hechos, e indicó que este caso podría reactivar la tramitación de un proyecto de ley.

Hasta ahora, la Fiscalía Nacional Económica solicita al Tribunal de la Libre Competencia una multa de 15 millones y medio de dólares en contra de SCA, mientras que CMPC, como fue la primera en empezar a colaborar con la FNE, estaría liberada de este tipo de sanción, acogiéndose a la figura legal de la “delación compensada”.