Del retrete al Parlamento: la colusión manda
Los chilenos enfrentamos esta semana el inicio de uno de los mayores derrumbes morales de la oligarquía, representada por un grupo empresarial familiar que creó una fortuna hecha con la venta de acciones en la bolsa y una educación privilegiada.
María Teresa Larraín es Periodista.
Eliodoro Matte Larraín, el “rucio” para sus amigos, actual Presidente de la CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) y de otros tantos conglomerados que le sirven aquí y en el extranjero, es hijo de Eliodoro Matte Ossa, artífice del poder económico de la familia. El heredero deberá enfrentar el escándalo y alejarse de entidades que preside, ligadas a la educación y a un centro líder en el manejo de la opinión pública, CEP, a pesar de que euienes le conocen más en la intimidad aseguran que él no estuvo al tanto de los hechos que acusan a la CMPC. Otros como Jorge Awad, ex Presidente de la Asociación de Bancos, lo señala como responsable por cuanto era imposible que no supiese lo que se informaba y evaluaba en los Directorios de la compañía. Menos si durante diez años la colusión de precios benefició a la empresa en miles de millones de dólares.
Este es el mayor escándalo que golpea a una empresa que para muchos era indestructible desde que iniciara su crecimiento en la década de 1960. Ni siquiera se quebró en tiempos de la Unidad Popular cuando se pretendió estatizarla
Tuvo que conocerse un escándalo de colusión en Colombia que involucraba a la CMPC para que la Fiscalía Nacional Económica abriera la investigación y los chilenos sintieran que este ejemplo de innovación y prestigio, se sumaba a la hilera de empresas y ejecutivos deshonestos y depredadores al más alto nivel. Todo se mezcla en las cloacas donde el confort se esparce entre las aguas servidas y nada ni nadie podrá impedir el hedor que nos contamina y avergüenza transversalmente.
Por acogerse a la delación compensada, los ejecutivos de las empresas Matte no solo no pagarán multas sino que no pasaran un día en la cárcel. Y aquí es donde la indignación de los ciudadanos no tiene límites. El castigo mayor lo tendrá la empresa asociada SCA-PISA cuyos ejecutivos hacia el año 2000, enfrentarán el peso de la débil ley que hoy nos rige. Gabriel Ruiz Tagle, ex Ministro de Deportes y amigo de Sebastián Piñera, está acusado de usar todo tipo de subterfugios para realizar lo que se consideró el negocio del siglo: acordar precios a sus productos cuyo uso lo destinamos desde bebés a viejos, a limpiar y secar el cuerpo por todos sus costados.
Mucho se habla de la efectividad de la delación compensada. Asi ha sido en otros países. En Chile se usa cuando son pillados con las manos en la masa y los ingresos económicos perversos copan los bolsillos de los señores. Una vez enfrentados caen en la típica hipocresía propia de los santurrones de misa y hostia diarias.: se auto delatan. Con ello liberan conciencias, el infierno y la cárcel en esta tierra. Cortan por lo sano: eliminan a los ejecutivos testaferros y los otros, los que dirigen la empresa se lavan las manos. Continúan presidiendo las entidades gremiales como la SOFOFA y CPC que les reciben con los brazos abiertos y aceptan sus abultados aportes financieros como socios que son.
La delación compensada no existía en la legislación de libre competencia en Chile y por ello se introdujo una modificación al DFL 211 en Julio de 2009 por Ley 20.361. Los hechos demuestran que ésta resguarda a los privilegiados de nuestra sociedad y no a quienes arrepentidos por robar una gallina o vender una película pirata confiesan el hecho e igualmente van a la cárcel.
La ley chilena contempló penas privativas de libertad para la colusión hasta el año 2003, cuando fue eliminada bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, al entrar en vigencia el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo que hoy no está tipificada como delito.
Los chilenos conocemos su consecuencia. Los responsables del alza de precios de las farmacias andan libres y por la calle y los usuarios más de uno en la tumba al no poder pagar su tratamiento. Con respecto al caso de los pollos, hace unos días la Corte Suprema decidió elevar las multas a pagar que suman más de 25 millones de dólares. Nada de cárcel ni que se parezca.
La Presidente Michelle Bachelet aseguró que su gobierno apoyará con fuerza el proyecto de ley enviado en marzo de este año y aprobado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Este contempla penas de cárcel para quienes coluden precios y abusan de la confianza del consumidor. Se incorporan penas de hasta diez años de presidio y el reintegro de tres o más veces la suma ingresada por estos actos. Tal como sucede hoy en Estados Unidos, Canadá o Europa.
La cárcel para quienes se coluden en Estados Unidos no es una sede especial donde los señores pueden tomar su whisky a la tarde, bailar cumbias con una star girl, tener internet, chatear o ver TV cable como en casa. Entran sin beneficio alguno, usan un uniforme igual al resto de los presos comunes. Nada de celulares, comidas exquisitas, libros para leer y visitas. Lo único que les salva es que no se mezclan con asesinos rematados o violadores: “Acá el que entra a la cárcel sabe que es una basura y como tal debe sentirse. Así pensará dos veces lo que hace antes de volver a entrar”, me comentaba alguien que tuvo la traumática experiencia de pasar dos meses en la cárcel por manejar en estado de ebriedad.
La ciudadanía espera que el Congreso agilice el trámite del proyecto ley que penaliza la colusión. Esto sólo es posible si el Ejecutivo le pone urgencia. Mientras tanto hay otros por allí que siguen coludiéndose, aprovechando este “veranito de San Juan” que la ley les da para burlarse de todos nosotros, que una vez más, no contamos con defensa alguna.
