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4 de Noviembre de 2015

Diputados aprueban que partidos “obliguen” a sus políticos a votar en bloque

La idea se restringiría, por ahora, a materias que tengan que ver con la declaración de principios de un partido, como por ejemplo, la “defensa al derecho a la vida”, en el caso del aborto. Aún se debe normar las consecuencias de que un dirigente vaya en contra de lo que vote una tienda política, pero se considera que la sanción podría considerar ser expulsado.

Por Redacción
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Una de las materias que más divide a los parlamentarios chilenos actualmente es la interrupción del embarazo. Existen partidos, donde existe una pugna entre quienes consideran que se debe legislar y aprobar este tema, versus otros, más cercanos a la línea de la iglesia católica que estiman que cualquier tipo de intervención al embarazo responde a un atentado a la vida del que está por nacer.

La Democracia Cristiana, en este caso, tras una gran discusión, determinó dar libertad de acción a sus parlamentarios, que en caso de legislar este asunto podrán votar de acuerdo a sus convicciones personales. Pero durante este martes, la Comisión de Constitución aprobó un artículo de la Ley de Partidos Políticos, que establece que las colectividades pueden ordenar a sus militantes a votar de una manera determinada.

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Existen dos visiones respecto de esta materia, la que de acuerdo a La Tercera, fue defendida por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, precisando que se estaría evitando que “de repente, porque algo sea antipopular, alguno (de los diputados o senadores) quiera desistir de apoyar esa posición (…) es un tema más de deberes y derechos que de quitar libertades”. O sea se apunta a que si un parlamentario compite por un escaño -o posición en el Congreso- respaldado por un partido, debe seguir su línea programática. En otras palabras, si existe una instancia donde se votará el aborto, y en los estatutos del partido plantean sin ningún tipo de matiz la “defensa a la vida”, perfectamente la respectiva bancada podrá obligar a votar en contra de legislar la interrupción del embarazo. Aún no existen sanciones normadas en este artículo, las que se espera que sean determinadas por cada partido, aunque no se descartó que esto pueda llegar incluso a la expulsión de la colectividad.

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Las precisiones de esto se enfocan en que estas órdenes van relacionadas con las materias que se riñen con los principios y un programa de una colectividad, y no su “línea política”, ya que es muy amplia. Sin embargo, se terminó con la objeción de conciencia: en otras palabras, si un partido está a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, pero un parlamentario -por su religión- está en contra, no podría oponerse al parecer de su partido, y si lo hace, sería sancionado.

“No se mantuvo la posibilidad de que puedan haber objeciones de conciencia a esa orden de partido, toda vez que la orden se va a permitir específicamente en torno a materias que son esenciales a un partido. Es un tema de lógica pura y de coherencia: si uno no está de acuerdo con los principios y programas, no debiera pertenecer al partido”, precisó Leonardo Soto, diputado socialista y presidente de la comisión de Constitución, y luego explicó que esta “herramienta” finalmente será utilizada a criterio de los partidos. Su postura fue precisada por el diputado Fuad Chahín (DC), el que planteó que “si tengo una objeción de conciencia respecto a los principios y programa de un partido, no puedo militar en ese partido simplemente”.

Esto no solamente contempla a los diputados y senadores, sino también consejeros regionales y concejales. Estos últimos, en este caso, estarían considerados en este artículo a la hora de buscar, por ejemplo, el reemplazo de un alcalde, para que no se apoye a alguien externo a la alianza política.

El único voto disidente en este caso, de la Nueva Mayoría, lo otorgó el parlamentario DC, René Saffirio, el que especifico que “la actividad parlamentaria se debilita cuando los ciudadanos que nos eligen perciben que es más importante la presión que se pueda ejercer sobre nosotros por parte de los órganos internos de los partidos que la presión de los propios ciudadanos”.

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