¿Qué nos dice el paro del Registro Civil?: A renovar la gestión de RR.HH en el sector público
Olvidémonos por un segundo de todos los problemas que ha generado el prolongado paro del Registro Civil. Obviemos también que el resultado será el mismo que en otras ocasiones: Gobierno y funcionarios se sentarán a conversar y llegarán a un acuerdo que dejará conformes a ambas parte. El Gobierno podrá destrabar una situación molesta, y los funcionarios habrán alcanzado al menos en parte, un arreglo que los beneficia.
Enzo Napoli es Licenciado Ciencias Políticas Universidad Diego Portales y Master en Políticas Públicas de Brown University. Director Ejecutivo de Plural Chile y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.
¿Soluciona este arreglo el problema? Para el Gobierno de turno que debe enfrentar una situación como esta, la respuesta es un rotundo sí. No hay nada peor para un Presidente que enfrentar una huelga de un servicio público con tanta relevancia diaria para la ciudadanía.
Pero en el largo plazo esta solución no es más que un parche que deberá ser reemplazado en un tiempo. Lo que esconde este paro del Registro Civil y las anteriores huelgas, es un problema estructural en la manera en cómo está pensado la gestión de los recursos humanos en el sector público, y que no se soluciona con aumentos de sueldo o bonos.
En el gobierno central (que excluye municipios) trabajan aproximadamente 250 mil personas. Dentro de ese universo de funcionarios, coexisten tres tipos de contrataciones con tres estructuras distintas. Solamente tres de cada diez funcionarios tiene un contrato indefinido (“planta” en la jerga del sector público). En contraste, siete de cada diez de estos funcionarios trabaja bajo horizontes de plazo definidos, ya sea con contratos renovables a un año (contrata) o bajo un esquema de “honorarios”.
Así, podemos tener tres funcionarios con tres tipos de contratos y beneficios distintos compartiendo la misma oficina, siendo la diferencia más grave la que se da entre un funcionario de planta y uno de honorarios. El primero, no solo tiene acceso al pago de su seguridad social – salud y previsión – sino que es evaluado periódicamente lo que le permite recibir retroalimentación para mejorar su desempeño. En contraste, un funcionario a honorarios no solo debe vivir la incertidumbre respecto a su estabilidad laboral sino que formalmente tampoco recibe algún tipo de evaluación por el trabajo que está realizando. Peor aún, legalmente hablando este último funcionario ni siquiera es considerado como empleado público.
Si volvemos nuevamente al problema del paro, todo lo que los trabajadores logren negociar con el gobierno serán beneficios que no incluirán a ese grupo de trabajadores que aunque compartan oficina, no son considerados como funcionarios públicos.
Estas “anécdotas” reflejan un extraño diseño que hoy ya resulta difícil de sostener. Si como país queremos atraer a los mejores talentos para trabajar en la función pública debemos necesariamente modificar esta antigua estructura de recursos humanos.
Pero al ser un problema político sin solución inmediata, difícilmente el gobierno de turno estará dispuesto a asumir el costo de iniciar el debate. Y aunque legítimas, las peticiones salariales que anualmente realizan los funcionarios no puede ser el único punto que pongan sobre la mesa. Es necesario que tanto el Gobierno como los representantes de los funcionarios gasten su capital político y dejen la mirada de corto plazo para avanzar en un tema que resulta clave para el país.
A fin de cuentas, la gran visibilidad de los paros logra poner en la agenda los intereses de corto plazo, haciendo invisible una agenda en donde el beneficio es mayor a las ganancias inmediatas de algunos pocos.
