Gobierno busca salvar Gratuidad en la educación superior y reduciría cobertura a un 40% de alumnos vulnerables

La intención del gobierno de adelantar la gratuidad en la educación superior para el próximo año, a través de la Ley de presupuestos, se ha transformado rápidamente en un foco de conflicto al interior de la Nueva Mayoría.

Mientras el Partido Comunista defendía la aprobación de este beneficio, la pugna fue adelantada la semana pasada por la Democracia Cristiana, que a través de un comunicado adelantaba su rechazo a la controvertida glosa 5, que es el apartado en el presupuesto para el próximo año, que determina que -hasta ahora- 220 mil estudiantes en Chile, pertenecientes a sectores vulnerables, estudiarán gratis en planteles de educación superior, los que tendrán que cumplir una serie de condiciones.

Estos dineros del Estado serán entregados directamente a las casas de estudio para financiar la educación de estos jóvenes, lo que deja fuera a un grupo de estudiantes, idénticos, pero que se encuentra cursando estudios en instituciones que no recibirán el beneficio: por tanto, argumentan, se estaría discriminando. Bajo este último argumento la UDI adelantó que impugnará esta forma de financiamiento ante el Tribunal Constitucional al considerarla, precisamente, inconstitucional.

Este modo de financiamiento perdía apoyo. Aparte de la DC, el PPD y parte del PS anunciaron su rechazo a la glosa del presupuesto que financiaría la educación de estos jóvenes. Por tanto, el gobierno comenzó a negociar.

El titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que quedó de alguna manera con la “responsabilidad” de defender el financiamiento vía presupuesto de la educación superior, debió reunirse con la DC y con el resto de los actores de la Nueva Mayoría, para negociar un grupo de modificaciones para mejorar el inicio de la gratuidad el 2016. Uno de los opositores de esto, el senador y ex timonel DC Ignacio Walker, indicó que “no se puede avanzar en una materia que tiene que ser objeto de una ley general de educación superior. Además, es regresiva y discrimina; tercero porque es muy difícil de implementar”.

Las modificaciones apuntan a reducir, de nuevo, la proporción de beneficiados. El gobierno habló a mediados de año de un 70%, luego un 60. Se había zanjado en un 50% en agosto, y de acuerdo a La Tercera, ahora se estaría considerando bajarlo a un 40%.

El diputado DC, Pablo Lorenzini, indicó que “se habló de crecer en número de recintos y bajar el porcentaje de beneficiados a 45 o 40%. Valdés quedó de revaluar el tema y de ver las cifras. Lo que está claro es que tiene que haber una salida intermedia”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) indicó que de esta manera el plan sería más justo: “Dicen que no habrían recursos, ya que al incorporar al 50% de los alumnos más vulnerables de los CFT e IP aumenta mucho la cuenta. Entonces, bajemos el umbral del 50% y así es parejo para todos”.

Valdés también se habría allanado a redistribuir los recursos de educación superior para darle énfasis a, por ejemplo, aumentar los recursos de la beca Nuevo Milenio, que beneficia a los alumnos de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Al bajar el umbral, y poner como requisito la acreditación, entre otras cosas, el gobierno estaría “protegiendo” la gratuidad ante el escenario de que se declarara inconstitucional, a causa de que la entrega de este beneficio contaría con carácter objetivo.

Esta noche, en Valparaíso, el gobierno daría a conocer la contrapropuesta con miras a la gratuidad del próximo año.