SII justifica querellas “con nombre” en casos Penta-SQM: “La misión es recaudar impuestos, no perseguir penalmente”

Los casos de presunto financiamiento irregular de la política han estado caracterizados por un gallito entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público.

Ocurre que la mayoría de los delitos en los que se habrían incurrido en los casos Penta y SQM tienen que ver con la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas, las que se habrían utilizado para justificar la entrega de dineros para financiar actividades políticas.

El único facultado para presentar una denuncia o querella por ese tipo de delitos es el SII. Una vez que presentan una de estas acciones penales, la Fiscalía empieza a investigar, y queda en la posibilidad de comunicar cargos a las personas involucradas.

El punto es que el SII, mientras estaba bajo la dirección de Michel Jorratt fue muy activo en la presentación de estos escritos, cuando estas investigaciones apuntaban principalmente a personeros de la Alianza. Cuando éstas comenzaron a enfocarse en SQM, minera no metálica entonces encabezada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, era cuestión de tiempo para que estas indagatorias golpearan a la Nueva Mayoría. Así ocurrió y finalmente, tras un fuerte tira y afloja y acusaciones de presiones por parte del gobierno, salió de escena Michel Jorratt.

El Ministerio Público luego estuvo inmerso en una discusión a nivel jurídico, donde aseguraban poder investigar a “todos los que resulten responsables”, vinculados a estos delitos. O sea, quien emite la boleta, y el que la encarga. Finalmente ante la Corte de Apelaciones y luego la Suprema aquello se habría confirmado. Pero ya con un nuevo director del ente fiscalizador, Fernando Barraza, se esperaba que se presentara una querella vinculada a Asesorías y Negocios (AyN), del autodenominado operador político, Giorgio Martelli, donde se habría financiado gran parte de la “precampaña” de Michelle Bachelet (instancia no reconocida ni por ella ni su equipo”.

En la última querella, el SII presentó un escrito “nominativo”, o sea sin incluir la frase “contra quienes resulten responsables”, lo que es visto como un intento por restringir el alcance de las investigaciones del Ministerio Público. Y esto se da precisamente en un ámbito donde la mayoría de los involucrados estarían vinculados con la Nueva Mayoría e incluso con el gobierno.

En entrevista con Diario Financiero, el director Fernando Barraza justifica el “estilo” de estas querellas, insistiento en que “es irresponsable querellarse al voleo”.

“Lo primero es precisar que el servicio no persigue específicamente los ilícitos relacionados al financiamiento irregular de la política, no nos corresponde hacer esa persecución. Lo que nosotros hacemos es recopilar y analizar los antecedentes que nos remite el Ministerio Público o, bien, los antecedentes que surgen de las rectificaciones que hacen las empresas. Analizamos esos antecedentes, hacemos la recopilación de otros antecedentes que no vienen en lo que nos envía el Ministerio Público y, de todo eso, cuando hay evidencia de ilícitos tributarios, obviamente hemos interpuesto querellas para que el Ministerio Público inicie la investigación”, precisó la autoridad.

Además, Fernando Barraza enfatiza en que “la misión del Servicio es recaudar impuestos, no es perseguir penalmente a los contribuyentes, es lo hace el Ministerio Público una vez que nosotros presentamos las querellas. Pero antes de eso existen muchos mecanismos administrativos y civiles para efectos de ejecutar la misión del servicio que es que los contribuyentes paguen sus impuestos”.

En ese sentido el director hace propia, al menos de forma implícita, la llamada “doctrina Escobar”, que toma su nombre por el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, actualmente integrante del estudio de abogados que defiende a algunos de los ejecutivos del caso Penta. Esta “doctrina” apunta a que este tipo de hechos -boletas o facturas ideológicamente falsas- más bien puede solucionarse con una sanción administrativa en vez de persecución penal (cárcel).