Ninguno se salvaría: casos de corrupción en municipalidades afectarían a todos los partidos

En un lamentable caso de estudio. En eso arriesga transformarse el caso de presunta corrupción en la Municipalidad de Curicó, en el que están afectados concejales y ex autoridades, que a su vez están relacionadas con el abanico de partidos políticos que existen en Chile.

En el juzgado de garantía de la mencionada comuna, de la VII región, se ingresó el oficio para formalizar a los integrantes del concejo municipal, en el contexto de una investigación de gastos que realizaron algunas de estas personas. De éstas se indaga si habrían obtenido viáticos provenientes de la misma municipalidad. O sea, dineros provenientes del Estado.

Primero se formalizó a los dos ediles Julieta Maureira (PRSD) y Luis Trejo (PS), pero en una nueva formalización se sumarán los concejales Mario Undurraga, Jaime Canales y Nelson Trejo (los tres de la UDI), Enrique Soto (DC), Leoncio Saavedra (PRSD) y Luis Rojas Zúñiga (PS), además de la ex autoridad Miguel Ángel Limardo (ex RN).

¿Por qué este triste caso -aún en investigación, sin fallos ni condenas todavía- podría consistir en un caso de estudio? Porque un estudio, que publica El Mercurio, de la Unidad Especializada Anticorrupción (Unac) de la Fiscalía Nacional, plantea -entre otras cosas- que a nivel de corrupción municipal, este tipo de casos serían “transversales”. O en otras palabras, afectan a integrantes de todos los partidos políticos.

“Se ha visto que participan juntos (alcaldes, concejales y otros funcionarios) de distintas coaliciones en un mismo hecho”, plantea el director (s) de Anticorrupción, Hernán Fernández.

Si bien este estudio no responde a una radiografía al fenómeno por completo -ya que considera sólo los casos a nivel nacional que son apoyados por esta unidad de la Fiscalía Nacional- en el análisis de estas causas se desprende que en un 76% algún jefe comunal tendría participación.

El período considerado contempla entre los años 2008 y el 2015 y también se analiza otro fenómeno: el mayor número de consultas recibidas por la Fiscalía Nacional se dio en el año anterior y el mismo de las elecciones municipales (el 2012).

Desde el Ministerio Público se plantea que algo parecido puede ocurrir en el próximo período de elecciones comunales. “Tenemos que identificar las denuncias reales y diferenciarlas de las que solo tienen un fin político, y que buscan eliminar un candidato de carrera, o a un alcalde en su reelección. Nuestra labor implica solo formalizar las investigaciones en las que técnicamente nos damos cuenta que son constitutivas de delito”, indica Fernández.

Las jurisdicciones donde existen el mayor número de causas donde se indaga el comportamiento de los alcaldes de diversas comunas responden a la Región del Maule (24%), luego la del Bío-Bío y Tarapacá (13% cada una).

Respecto de concejales investigados, aquí las que más investigaciones concentran con Arica (50%), la jurisdicción Metropolitana Occidente (33%) y Curicó (17%).

Los delitos que más representación tienen son el fraude al Estado (40%), mientras que el cohecho y malversación de dineros públicos cuentan con un 14%.

La Fiscalía Nacional considera que este tipo de causas se dan principalmente porque el control interno, que debieran llevar los concejales “es muy laxo, porque precisamente a veces han participado en conjunto con el alcalde en hechos que tienen carácter de delito”, plantea Hernán Fernández.

Asimismo, la Contraloría General de la República tiene facultades limitadas particularmente en los municipios, y la contraloría interna de las municipalidades “cuando está comprometido un alcalde en la investigación no resulta ser lo eficiente que uno esperaría”, indica el abogado.

Este fenómeno se manifiesta de otra forma cuando hay un funcionario de rango menor involucrado, ya que en esos casos “la contraloría interna sí juega un rol, pero parece ser que cuando está el alcalde involucrado la contraloría interna no logra ser eficiente”.