Rosauro Martínez, desaforado por investigaciones de delitos contra los DD.HH. recibe asignaciones por traslado

Durante esta semana se discutió ampliamente respecto de los elevados gastos por concepto de traslado que destinó la diputada de la UDI, Andrea Molina.

En Twitter rápidamente se le cuestionó que sus gastos en este apartado de su presupuesto como legisladora superaran por poco los 3 millones 100 mil pesos.

El nivel de la discusión se elevó tanto que el secretario de la corporación, Miguel Landeros, debió evacuar un comunicado explicando que estos gastos no son para uso exclusivo de la diputada, sino que también está considerado su equipo, y que además están considerados los traslados por vehículo a las diversas localidades de su distrito, que por lo demás es uno de los que se consideran de gran tamaño en nuestro país.

Sin embargo, la inquietud surgió respecto de otros legisladores que están enfrentando procesos judiciales, como el parlamentario Rosauro Martínez, de Renovación Nacional, quien está siendo investigado por delitos vinculados con violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura.

De acuerdo a T13.cl, en el mes de octubre Martínez habría destinado 2 millones 225 mil 694 pesos por concepto de traslado.

¿Por qué sigue recibiendo dinero si está suspendido de sus funciones parlamentaras?

El mismo secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explica que de acuerdo a la comisión de Ética, se suspenden las asignaciones de los miembros del poder legislativo que estén desaforados, mientras estas tengan relación “con su trabajo parlamentario en Valparaíso, en Santiago, en la Sede del Congreso, porque él está impedido de ejercer esa actividad“.

No obstante, precisa que “los parlamentarios tienen otro rol que está reconocido en la ley orgánica, que es la representación política. Es decir, ellos representan a un distrito y la Cámara no puede dejar que el parlamentario no acoja el clamor de su electorado de la gente que lo eligió en el distrito respectivo. Él está suspendido de sus funciones legislativas, pero no de todas las tareas de representación que tiene“.

O sea, el Congreso pagará sus gastos de traslado en su distrito, el 41, que considera las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio y Yungay. No obstante la sede del legislativo no pagará gastos de traslado fuera de esa zona.

Existen además, una serie de precisiones para todos los gastos de los parlamentarios desaforados. 

Las asignaciones para pagar el personal de apoyo (que consideren una relación laboral establecida, por ejemplo, por contrato indefinido) deben continuar. Respecto de las asesorías externas, los contratos se deben cumplir hasta su término, sin que puedan renovarse o contratarse nuevos servicios.

Respecto de los gastos operacionales, se determina caso a caso: en lo que respecta a las oficinas parlamentarias, los contratos deben continuar hasta su término. Los contratos vigentes de telefonía, por otra parte, deben subsistir, así como también de correspondencia, difusión y actividades distritales.

Los pasajes aéreos quedan suspendidos.