Caso La Polar: ex ejecutivos aceptan cargos y podrían tener sentencia sin cárcel

Fue el escándalo empresarial del 2011, cuando se reveló que la multitienda La Polar realizaba desde el 2006 repactaciones unilaterales de las deudas que cerca de un millón de clientes tenían con la empresa.

Sin embargo, la trama empezó a complejizarse, después de que se estableciera la eventual existencia de otros delitos, de carácter financiero -como lavado de activos e infracciones a la Ley de mercado de Valores y a la ley general de bancos.

Los tres principales imputados correspondían a quienes fueran los cargos más altos al interior de la multitienda: Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general, Julián Moreno, ex gerente de productos financieros y María Isabel Farah, ex gerenta de administración. Ellos habían manifestado su intención de llevar adelante un juicio oral para enfrentar las acusaciones del Ministerio Público, el que solicitaba penas de hasta 20 años de presidio en el contexto de este caso.

Alcalde, Farah y Moreno aceptaron haber incurrido en los delitos por los que los acusaron, y hoy el Segundo Juzgado de Garantía condenó a los y los encontró culpables de “delitos reiterados y consumados de lavado de activos e infracción a la ley de bancos y al mercado de valores, entre otros”. Pero como los empresarios reconocieron sus delitos y las pruebas en su contra, la causa seguirá como juicio abreviado. 

Con esto, se reduciría el proceso judicial en contra de estas personas, y las eventuales penas, dependiendo de lo que determine el tribunal, podrían alzarse a cinco años de presidio remitido, lo que -al ellos no presentar antecedentes penales precios- se cumpliría en libertad vigilada. Asimismo, quedarían inhabilitados por dos años para ejercer como directores de compañías.

Además, a lo anterior se le sumaría el pago de una serie de multas. Cada uno debería pagar 20 UTM, a lo que se suman 228 millones en el caso de Moreno y Farah. Pablo Alcalde tendría que pagar 220 millones de pesos, más 150 millones extra para indemnizar a los clientes que fueron víctimas de prácticas irregulares por parte de la compañía.