Cartel del papel: jueza planteó posible asociación ilícita en la colusión
Este delito es regularmente visto como reflejo de la existencia de una organización criminal, como por ejemplo mafias. En tanto, en la respuesta a la Fiscalía Nacional Económica, la empresa sueca SCA, ex PISA, acusó “amenazas” por parte de su contraparte, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
Si bien los antecedentes que perfilan el caso de la colusión del papel higiénico refieren a diversas reuniones en lujosos hoteles y restaurantes, esa cercanía contrasta con la dura postura que han tomado las empresas investigadas por haber acordado los precios de productos derivados del papel, como servilletas y pañuelos, entre otros.
La investigación saltó a la luz pública después de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la firma sueca SCA (antes llamada PISA) y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) por haberse coludido a lo largo de prácticamente 10 años.
Los detalles referían a diversas reuniones, existencia de correos creados exclusivamente para compartir información y dar cuenta de los cambios de precios e incluso figura una escena de unos computadores que fueron lanzados en el canal San Carlos, presuntamente para eliminar evidencia del cartel.
El punto es que fue CMPC, la firma del grupo Matte, quien de acuerdo a la FNE declaró primero, lo que la eximiría de multa alguna en este caso, versus SCA, que enfrenta una sanción que podría elevarse a 15 millones de dólares. Esto, según El Mercurio, busca ser desechado por ex PISA, otrora empresa del ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz Tagle.
En un escrito que fue liberado el miércoles, SCA acusa a CMPC no sólo de liderar y coordinar el “cartel del papel confort”, sino también de “amenazarla” y “disciplinarla” para formar parte de él. Asimismo, la empresa sueca asegura que ellos no obtuvieron “beneficios económicos a causa de la colusión, y por lo mismo, los consumidores que adquirieron sus productos no sufrieron daños consecuentes”.
Las listas de precios habrían sido preparadas por la CMPC, y también esta misma empresa habría determinado las fechas cuando de implementarían los valores, además de los porcentajes de participación de mercado. “Cada vez que PISA no lograba que una o más cadenas de retail implementaran los precios fijados por CMPC -o cada vez que PISA se desviaba de dicho objetivo- Eduardo Hola (gerente de ventas de SCA) recibía llamadas telefónicas y/o correos electrónicos de Felipe Álamos (gerente comercial de CMPC Tissue), mediante los cuales éste lo coaccionaba para que obtuviera la inmediata implementación de los precios”.
Además, se plantea que muchas veces se plantearon amenazas. Por ejemplo, Jorge Morel (gerente general de CMPC Tissue) confesó (ante la FNE) que los ejecutivos de la papelera tenían la “política” de impedir, sea cual fuere el costo, que un competidor les restara participación de mercado: “Es peligroso que (PISA) siga creciendo y que nosotros sigamos perdiendo”, sería la declaración de Morel.
En tanto que el gerente general de SCA, Felipe Baraona, declaró ante la FNE que “las amenazas, particularmente de Jorge Morel, eran duras… no había una opción de decir ‘estoy en desacuerdo con esto, no quiero subir los precios de esa forma, o no estoy de acuerdo con el modelo’”.
Posible asociación criminal
Todavía existe la controversia respecto de qué tribunal, en el ámbito penal, será quienes vean este caso. Todo indica que el 34° juzgado del crimen (en la foto, en otro caso), único tribunal que aún cuenta con las causas del sistema judicial, será quien tendrá que indagar este tema. Sin embargo, la jueza del Juzgado de Letras de Colina, Elizabeth Reinoso, según La Tercera, hizo una distinción entre los posibles delitos que podrían considerarse en la investigación en contra de las empresas vinculadas en el cartel.
“Para este tribunal los delitos que podrían hipotéticamente configurarse, por ahora y sin perjuicio (de) lo que arroje la investigación, son aquellos que describe y sanciona el artículo 285 y 292 y siguientes del Código Penal”, dice la resolución de su juzgado de letras de Colina.
Uno de estos delitos es la alteración de precios “por medios fraudulentos”. Sin embargo, el otro responde al título 10 del Código Penal “de las asociaciones ilícitas”, en el que toda “asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe solo por el hecho de organizarse”.
Este tipo de delito está relacionado con organizaciones criminales, como mafias, que también podría significar un mayor estándar de penas, de mayores años.
Todavía, además, existe cierta discrepancia respecto del lugar dónde se inició el delito. El principio de ejecución de acuerdo al FNE fijó que el lugar de inicio de la colusión en el restaurant “Las Brisas de Chicureo”, en Colina. Sin embargo, de acuerdo a la magistrado, el plan delictual se habría implementado y monitoreado en la comuna de Las Condes.
