Comisión investigadora califica a Caval como “ una suerte de empresa de lobby”

En vísperas de que la Comisión Caval II evacúe un informe con las conclusiones de la investigación por eventuales responsabilidades políticas en este caso, trascendieron algunas potentes frases incluidas en el escrito.

De acuerdo a Emol, los diputados de la comisión investigadora siguen incluyendo los detalles que marcarán este informe, en el que —entre muchas cosas— se reprocha el actuar de la Contraloría en este caso, así como también del alcalde de Machalí. Además, pide revisar las labores de las fundaciones a cargo de la Dirección Sociocultural de La Moneda, la que era encabezada por el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos.

En las páginas 13 y 14, el escrito indica que la empresa Caval, dirigida por Natalia Compagnon y Mauricio Valero, “más que ser una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopunto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de Lobby”.

Según los legisladores, esta entidad se habría visto beneficiada por sus contactos político-públicos, los que “le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas”.

Asimismo, el informe agrega que la forma de trabajo habría creado “el ambiente ideal para generarl, dados los vínculos de Caval, posibles escenarios de tráficos de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones hoy investigados por la Justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que sólo se pudieron franquear al estar en el entorno cercano de quien a la postre sería la Presidenta de la República”.

En tanto, respecto al formateo de computador del hijo de la mandataria, ordenado por él mismo, tras su renuncia por el caso, la comisión busca que Contraloría realice una investigación independiente para determinar las responsabilidades administrativas en este tema.

“Resulta incomprensible el avance de una investigación penal sobre el particular y la falta de proactividad del organismo que tiene a su cargo la fiscalización de los actos de la administración. Ello se hace más necesario aun luego que, en sede judicial, el Sr. Dávalos esgrimiera antecedentes graves sobre el particular que, dada su naturaleza, refuerzan la pertinencia de una investigación que persiga responsabilidades que no se agotan en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público”.

Además, en el escrito de la instancia legislativa se cuestiona cómo actuó la Municipalidad de Machalí y de su alcalde, Miguel Urrutia, afirmando que no se cumplieron “cabalmente con todos los mecanismos de control preventivos que pudieran impedir la situación”.

“La excusa del alcalde en torno a que la cantidad de oficios que firma al día impiden analizar uno a uno, no fue admitida por la comisión, puesto que su cargo es el más alto dentro del municipio, teniendo a la vista que el cambio de uso de suelo para la comuna de Machalí resultaba una decisión estratégica en el desarrollo de dicha comuna y no un acto de mero trámite”, plantea el escrito, donde también se califica el actuar del edil como “negligente”.

En el informe de la comisión investigadora se sugiere la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, por haber recibido en Palacio al ex operador político UDI, Juan Díaz.