Una Ley de Garantías y Protección Integral, pero no cualquier Ley

A principios de enero, se discutiría en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley del Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez,  con indicaciones del Ejecutivo de dar ‘suma urgencia’, situación que causó mucha sorpresa dado que sólo para los primeros 20 artículos -de 49- se contaba con más de 304 indicaciones para poder pretender, siquiera un poco, que el proyecto esté a nivel de la Convención Internacional de los Derechos de Infancia.

Es tremendamente preocupante lo de la ‘suma urgencia’, con todos los procesos que conlleva y no estar en función del marketing político tratando de cumplir el compromiso presidencial para subir el rating sin importar el fondo y la calidad de la ley, en temas tan relevantes como la situación de la Infancia en Chile, no es posible continuar ‘apagando incendios’ sin ningún marco regulatorio adecuado que permita estar a la altura de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, siendo además un año en el que se cumplen 26 años de la ratificación de nuestro país a dicha convención. Es urgente,  entonces la necesidad de generar múltiples cambios tanto en la ley que nos rige como en la institucionalidad del país para abordar dicha temática.

Necesitamos una Ley de Garantías y Protección que considere el trato a niños y niñas de forma integral, superando el paradigma de la Situación Irregular y todos los enclaves de ésta que persisten en Chile, normando la relación del Estado con la infancia, que implica fraccionar a estas personas y enfatizar las vulneraciones, entendiéndolas como objeto en detrimento del ejercicio de derechos que como país se debiera garantizar y resguardar.

En Chile -para muestra un botón- la Ley de Menores sigue vigente desde 1967, ignorando las observaciones realizadas en 2002 y 2007 por  el Comité de los Derechos del Niño, que ha insistido en señalar que: “El Comité reitera su preocupación a este respecto y recomienda al Estado Parte que ultime con celeridad el proceso de reforma de la Ley de menores de 1967 a fin de brindar una protección integral a todos los niños” (Comité de los Derechos del Niño. 2007: 3).

Para el actual gobierno, el tema infancia está en la agenda con acciones comprometidas,  por ello es deseable que la anhelada Ley de Garantías y Protección Integral, como soporte fundamental legal, incorpore todas las medidas necesarias que superen la Ley de menores, y esté en total coherencia con la Convención, haciéndose cargo de las recomendaciones entregadas por el Comité y sobretodo pueda garantizar un marco regulatorio para el ejercicio de derechos a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan el país.

Es relevante que la Ley de Garantías y Protección Integral supere las declaraciones y buenas intenciones y explicite al menos, este marco regulatorio para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos de Infancia, de tal forma que garantice el ejercicio de los derechos universales a todos los niños, niñas y adolescentes que habiten el país, con las consideraciones en el marco de derecho de quienes tienen necesidad de protección especial y de quienes se encuentran en conflicto con la justicia, además de precisar la Institucionalidad en la administración del Estado u Órgano Rector que se encargaría de los temas de Infancia de forma efectiva en todo el territorio. Adicionalmente, es necesario la generación de una defensoría de la Infancia y Adolescencia, órgano autónomo, con patrimonio propio y cobertura nacional a cargo de promover y defender los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.

Como sociedad civil esperamos e invitamos a que las autoridades cumplan su rol de garantes de niños, niñas y adolescentes cumpliendo el compromiso país y se genere una Ley de Garantías y Protección Integral de acuerdo con los estándares de la Convención Internacional de los derechos del Niño.