Formalizan a Compagnon y su socio en Caval por delitos tributarios en calidad de autores

Cerca de las 9:35 de esta mañana comenzaba el juez Luis Barría a consultar por los nombres de los fiscales, abogados defensores y querellantes e imputados del caso Caval, en el que pocos minutos después, el fiscal Luis Toledo empezaría a relatar una intrincada historia sobre cómo, a juicio del Ministerio Público, un grupo de personas incurrió en una serie de delitos en el contexto de la compra-venta de tres predios de la comuna de Machalí.

Después de que la Sociedad Agrícola Wiesner, dueña de los terrenos Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego, en la mencionada comuna, cayera en la insolvencia, se llegó a un convenio judicial preventivo el que el síndico de quiebras Herman Chadwick aceptó participar en junio del 2011.

Toledo dividió en grupos las imputaciones por este caso. En la primera división se acusó a Chadwick Larraín de haber utilizado los dineros que obtuvo por hacerse cargo de este convenio judicial, para pagar al ex operador político de la UDI, Juan Díaz. Estos pagos habrían sido acordados en los meses previos y se habría alzado por cerca de 415 millones de pesos.

Chadwick no habría informado a los acreedores de este convenio judicial el trato con Juan Díaz, y se establecieron contratos creados de forma presuntamente subrepticia para justificar sus pagos, los que tenían por objetivo que éste tramitara el cambio de uso de suelo. El contrato habría sido redactado por Mariclara González.

Luego, Juan Díaz supuestamente habría conocido de hace tiempo, cerca del 2009, al entonces director de Obras Municipales de Machalí, Jorge Silva. Díaz habría sugerido que se contratara a la arquitecta Cynthia Ross como profesional a honorarios. Una vez que ella estuviera trabajando en la Municipalidad, se realizaron estudios de cambio de uso de suelo sin licitación, pagados con dineros privados. Los pagos habrían sido coordinados por Díaz, al que se le imputó el delito de soborno, por transferencias a funcionarios públicos. En tanto que a Cynthia Ross se le acusa de cohecho, a Jorge Silva por lo mismo, pero en reiteración y a su esposa, Marisol Navarrete, también por cohecho, pero como cómplice.

Asimismo, el socio de Caval, Mauricio Valero, habría incurrido también en cohecho, al haber pagado más de 20 millones, a través de Juan Díaz, a Cynthia Ross y a Jorge Silva Menares, para que cambiara el uso de suelo.

En tanto que a los abogados Andrés Orchard, Marías Ovalle y Daniel Huerta se les imputó prevaricación de abogado, al no haber protegido a su cliente, que corresponde a la Sociedad Agrícola Wiesner -esto a causa de pagos que recibieron además de sus honorarios- mientras que a todos se les imputó además ventajas indebidas del síndico Chadwick.

El fiscal Sergio Moya se hizo cargo de los delitos tributarios considerados en este caso, y cuando se concentró en el caso de Natalia Compagnon, quienes a través de distintas boletas ideológicamente falsas habrían ocasionado un perjuicio fiscal que superaría los 118 millones de pesos. Según Mora, la forma como se habría dado curso al delito tributario es la siguiente: “al haber resuelto, el primer (Valero) y consentido la segunda (Compagnon) facturas ideológicamente falsas, correspondiente a los años comerciales 2013, 2014 y 2015”.

Tras el receso, que finalizó a las 11:15, pasarán las defensas de los imputados a plantear sus aprensiones respecto de los imputados, o los otros intervinientes, para ver si es que estos -como por ejemplo, Mario Zumelzu como querellante a nombre del cientista político Diego Acevedo- podrá o no participar en los alegatos vinculados a la arista tributaria de este caso. Zumelzu ya adelantó que solicitará prisión preventiva en contra de Compagnon, en tanto que ha trascendido que el Ministerio Público sólo tendría considerada una medida cautelar de arraigo nacional y firma para la nuera de la Presidenta.