Declaración patrimonial: Gobierno reconoce que no hubo error computacional

“Ha habido una situación en la plataforma digital”. De esa forma fue como este lunes la vocera subrogante de gobierno, Claudia Pascual, intentaba explicar el por qué la declaración de patrimonio e intereses de 7 ministros y 15 subsecretarios figuraban ocultas, en todo caso amparadas en un resquicio legal que calificaba cierta información como “dato personal no público”.

La Presidenta Bachelet firmó un instructivo en marzo del 2015, el que apunta a mejorar el estándar de las declaraciones de las autoridades. También se amplió el espectro de las autoridades que tienen que realizar una declaración donde detallan parte de sus pertenencias, como propiedades –con su valor fiscal y comercial-, cuentas bancarias y similares.

La declaración de la vocera de verano empieza a perder fuerza, quien también afirmó a principios de esta semana que las declaraciones de estas autoridades estaban completas,  pero esta “situación” en el sistema de las declaraciones provocó que se retrasara su publicación.

Después de esa explicación, Pascual optó por no realizar vocería este martes. Quien sí salió al paso fue la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva. En conversación con La Tercera, se remonta al 2006 cuando se estableció la publicación de estos antecedentes por ley, y en marzo se intentó avanzar más. Sin embargo, en este “avanzar más”, se aumentó la información y la cantidad de personas que debían entregar su información. “estamos hablando de alrededor de 22 mil personas, tanto las obligadas legalmente como las que están instruidas por el instructivo”.

Para concretar esta publicación, Silva precisa que se realizó por vía electrónica. “Al llegar ahí lo que el declarante tenía que decidir es: ‘¿Estoy declarando porque me obliga la ley o por buena práctica?’. Y muchas de las personas que no eran autoridades, como por ejemplo personas contratadas a honorarios, inmediatamente empezaron a cuestionar el por qué debían publicar esto. Entonces a raíz de esto y del derecho a la privacidad, es que establecimos que la persona, junto con llenar el formulario, tenía que autorizar la publicación”.

Por tanto, si se elegía que no se publicara cierta información, se marginaba la información que quedaba al interior de este espectro.

Consultada de esta serie de autoridades que optaron por no publicar, y por la atribución a una “situación en la plataforma digital”, la ministra relativiza esto, apuntando a la buena voluntad o no si se llenaba esta información y se permitía o no publicarla. “Es un asunto de sistema también, porque a lo mejor pudimos haber establecido un sistema guión, para efecto de estas personas, pero son temas de criterio… Algunos pusieron que sí inmediatamente, y otros pusieron que no”.

Al revisar que 14 personas sí mantenían privada cierta información, Patricia Silva asegura que “lo revisamos y vimos que varios lo mantenían, seguramente por error, porque todos sabían que para ellos no había una pregunta (por el cargo de subsecretario o ministro que ostentaban), sino que básicamente era una obligación, porque había un instructivo presidencial. Por lo tanto, lo que hicimos fue desbloquear la autorización para que fuera publicada toda la información, salvo los detalles sensibles. Lo levantamos vía sistema. La verdad es que muchos ni sabían que era un error”.

Explicando el por qué se decidió dar este margen, Silva asegura que Asociaciones de funcionarios podrían haber interpuesto recursos de protección por la publicación de su información. “En la nueva ley que regula la probidad en la función pública este tema se termina, porque hay obligación legal, ya no va a haber eso de que si quiero publico (…) Acá sí pudo haber errores, omisiones, pero estamos en un proceso de marcha blanca”, aseguró la ministra (s), quien precisó que de parte de los ministros y subsecretarios que no publicaron su información “no hay ninguna mala fe, y hay que tenerlo claro”.