El terreno de papá Boric en Punta Arenas

La prensa ha publicado diversas crónicas sobre la venta de un terreno de 7,2 hectáreas de propiedad del padre del diputado Boric al Serviu en la ciudad de Punta Arenas para que se construyan allí viviendas sociales.

Se ha destacado como un escándalo que el precio de venta a ese servicio del Estado dependiente del Minvu haya sido de mil trescientos millones de pesos, en circunstancias que el avalúo fiscal del mismo, determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sea de escasos tres millones doscientos setenta y siete pesos, es decir, el Serviu desembolsó una suma equivalente a casi 400 veces más que el avalúo fiscal. El dinero pagado provenía del gobierno y se entregó en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

Ahora bien, el terreno era rural y se llamaba Hijuela 36 Sector Sur-Poniente, con rol Nº 5004-19, la que se encuentra en la prolongación Martínez de Aldunate de esa ciudad. A partir del año 2004 modificó su uso de suelo transformándose, vía Plan Seccional, en urbano, con lo cual se evidencia por el exiguo avalúo fiscal asignado, que el SII durante 11 años no cobró a su propietario las contribuciones de bienes raíces que le correspondía, pues el predio considerado como eriazo sí era apto para construir todo tipo de viviendas. Este cambio en las reglas del juego fue aprobado por el Concejo Municipal de Punta Arenas y no sabemos si el trámite contó con la autorización del Consejo Regional de Magallanes, previo a la toma de razón de ese acto administrativo por parte de la Contraloría General de la República.

La operación de compraventa se hizo por trato directo, es decir, no se llamó a una licitación pública como era obligatorio y el avalúo comercial del terreno fue determinado por los funcionarios del mismo Serviu y no por tasadores independientes. La propiedad del predio corresponde, en partes iguales, al papá del diputado Boric, a la esposa del diputado Morano y a otro particular, dejándose en claro que el favorable cambio normativo en el Plan Regulador de Punta Arenas se produjo mientras el actual diputado Morano era alcalde de esa ciudad.

Está claro que en este polémico episodio el SII deberá cobrar retroactivamente, por los 3 últimos años, las contribuciones de bienes raíces con el recargo respectivo por ser baldío ese predio urbano y nos parece sumamente conveniente que el 25 de enero pasado la Contraloría haya resuelto paralizar la operación mercantil pública-privada.

Así las cosas, los 3 propietarios privados de ese terreno tendrán que dejar sin efecto la compraventa con el Serviu y para obtener la espectacular plusvalía territorial derivada del cambio del uso del suelo, tendrán que ofertarlo en el mercado inmobiliario de esa ventosa y hermosa ciudad austral del nuestro país.

En síntesis, este lucrativo negocio no puede ser homologable al caso Caval, como han insinuado algunos interesados actores políticos, y sobre la materia es urgente que el Congreso Nacional apruebe la legislación sobre la captura parcial a favor del Estado cuando se producen este tipo de modificaciones en los usos de suelo en los territorios, incluyendo las áreas verdes, pero para ello será necesario que se legisle en base al proyecto de ley enviado por el Minvu al Parlamento en el año 1997 y no en base al actual proyecto en trámite, el que, por lo timorato, lo hemos calificado como un chiste de pésimo gusto.