Caso tsunami: Querellantes y familiares de víctimas acusan que negociación que busca evitar juicio es “humillante”

Por cerca de un año se estima que podría durar un posible juicio del caso Tsunami, que busca establecer las responsabilidades en las fallas que se experimentaron a nivel de gobierno y organismos de emergencia después de que el terremoto del 27/F azotara a nuestro país, dando caso a un mortal maremoto que costó la vida a 156 personas.

La duración estimada del proceso se debe a causa de la complejidad del caso, que actualmente cuenta con seis imputados.

Hace unos  días Emol reveló que el actual Fiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf, estaría negociando una “suspensión condicional del procedimiento” para estos imputados, entre los que se cuentan el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, el ex jefe de la central de alerta temprana, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Medina.

La suspensión generalmente se concreta para evitar un juicio oral, y se pone como condición que los imputados mantengan una conducta intachable por un período de tiempo determinado. En este caso, el persecutor, según plantea Radio Bío-Bío, también les habría planteado a los involucrados que pidieran perdón, y que pagaran una compensación económica, que en el caso de Rosende se alzaría por 80 millones y a Fernández le corresponderían 40 millones.

Los familiares de las víctimas se manifestaron indignados a causa de estas tratativas. “Esto es una burla, da rabia, no es posible que después de tantos años en que se ha demostrado que en el caso de Juan Fernández se pudo haber alertado del maremoto, que hay responsabilidad de los marinos y la Onemi, todo eso ahora cambie”, afirmó a El Mercurio Hellen Fajardo, la madre de Joaquín Ortiz o “El Puntito”.

El abogado querellante, Carlos Fairlie, sostuvo que “desde el punto de vista procesal no compartimos esta decisión; queda la sensación de que el hilo se está cortando por lo más delgado, yendo a suspensiones condicionales de las autoridades que mayor responsabilidad política y técnica tenían en ese momento, como el señor Patricio Rosende y Carmen Fernández”.

Otro abogado, también querellante, Raúl Meza, declaró que “la fiscalía debió conversar con los representantes de las víctimas; creemos que es una solución vejatoria y humillante para el dolor de los familiares de las víctimas del 27F”.