Gobierno deberá revelar contenido de la Ley Reservada del Cobre por resolución del Consejo para la Transparencia

El 13 de octubre del 2015, Salvador Soto Fortes pidió copia íntegra del texto de la Ley reservada del cobre, que especifica el mecanismo bajo el cual el gobierno entrega a las Fuerzas Armadas un monto que proviene de las ganancias del metal rojo, principal producto de exportación de nuestro país.

Esta ley es, como dice su nombre, reservada, por lo que nunca se ha tenido claridad de cuánto dinero en total reciben el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para comprar diversos elementos para su funcionamiento, como por ejemplo armas.

Siempre ha habido críticas a la poca claridad que existe respecto de este tema, pero de la crítica se pasó a la sospecha con el caso del Milicogate, que trata de un multimillonario desfalco de los dineros del cobre, por instrucción de efectivos del Ejército, en el Comando de Apoyo de la Fuerza.

Ante la petición de Soto, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas había denegado el acceso a esta información. El argumento apunta a que “la divulgación de la información solicitada afectaría a la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

Soto entonces presentó un reclamo el 22 de marzo de este año al Consejo para la Transparencia  (CPLT) y de acuerdo a La Segunda, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez informó que no acudirá a la Corte de Apelaciones para interponer un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución del CPLT, que obliga a entregar el texto.

Tal es el nivel de reserva, que ni siquiera los diputados pueden acceder a él. El diputado Jaime Pilowsky (DC) dice que para poder acceder al texto, los legisladores deben ir a la secretaría de la Cámara que lo mantiene bajo custodia. Sólo se puede mirar en el lugar y no se permite divulgarlo ni menos copiarlo.

Para el Consejo “no se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública”.

Pilowsky preside hoy la comisión que investiga el “fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre”. A esta, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, no ha asistido, pero actualmente está siendo investigado por la Fiscalía por un eventual enriquecimiento ilícito.

Para el legislador, el gobierno se enfrentaría no sólo a una derrota jurídica si apelara a lo resuelto por el Consejo, sino que también perderían comunicacionalmente hablando. “Queremos que la ley salga de la actual caja fuerte, donde se encuentra resguardada del conocimiento de los ciudadanos, para que su texto sea conocido. No hay ninguna norma de esa ley que ponga en riesgo la seguridad de la nación y muchos aspectos fueron recogidos en el libro de la Defensa de 2010”, indica el parlamentario.

En paralelo, en la Comisión de Defensa, se votará el proyecto que presentó el mismo Pilowsky, la también DC Yasna Provoste, y el socialista Marcelo Schilling, entre otros, para hacer público la ley. Este proyecto no cuenta con el patrocinio del gobierno, por razones de seguridad nacional. “Espero que el gobierno cambie su negativa”, preciso el parlamentario.