Algo no anda bien en las políticas de seguridad del país

Algo no anda bien, sin duda. La liberación de 724 reos en Valparaíso ha causado una polémica de proporciones en la Quinta Región. Esto, de acuerdo a la misma población, merma la seguridad de la zona, más aún luego de la “recaída” en la cárcel de uno de los presidiarios. Esta decisión proviene de la aprobación de un 90 % de solicitudes de libertad de la comisión de la Corte de Apelaciones, medida que causó una preocupación en el Gobierno y en la política local. Incluso, en figuras como el senador Alberto Espina y Teodoro Ribera, ex ministro de Justicia, han criticado tal determinación y llaman a la secretaria de Justicia, Javiera Blanco, y al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a dar explicaciones por esta medida.

Y sobre esta problemática cabe preguntarse, ¿qué lleva a la Corte a entregar un beneficio que anualmente bordea el 7% de las solicitudes aprobadas y que en esta oportunidad alcanzó el 90% de las solicitudes? Claramente surgen muchos cuestionamientos al respecto: por un lado, nos encontramos enfrentados a una situación real de aumento de la delincuencia con un lamentable indicador de violencia como método; por otro lado, observamos que estos delitos la mayoría de las veces son llevados a cabo por delincuentes con órdenes han sido eficientemente rehabilitados.

Nuestro actual sistema judicial ha demostrado una y otra vez no estar preparado para enfrentar las miles de causas que diariamente pasan por sus salas y que permiten la liberación continua de quienes han sido apresados por parte de nuestra policía. Es verdad, muchos delincuentes efectivamente ingresan a las cárceles y son condenados por sus delitos, pero ingresan a un sistema colapsado, abarrotado y de dudosa capacidad de rehabilitar a cualquier ser humano, aún peor, se convierten en una nueva e incipiente escuela para traspasar información, aprender nuevos trucos delictivos y conformar nuevas bandas. ¿Qué capacidad real tiene hoy el sistema penitenciario y el Poder Judicial de lograr monitorear, rehabilitar y reinsertar a un ex convicto que vuelve a una sociedad abrumadoramente desigual? Pues ninguna. Difícilmente podemos imaginar que estos “nuevos” 724 reos que gozarán de libertad condicional se conviertan en ciudadanos modelos.

A lo mejor más de alguno de ellos tiene merecida una nueva oportunidad; tampoco es que no crea en la fe humana, pero seamos sinceros y concretos: esta nueva medida suena más a descongestión rápida de nuestros precarios centros penitenciarios que a una medida coherente con el esfuerzo que hoy se realiza para detener la delincuencia. Ya las noticias dan cuenta de un “beneficiado” atrapado mientras cometía un nuevo delito, a solo horas de su liberación condicional. Esto es un tema serio y parece que nuestras autoridades y jueces no han sabido darle la real connotación que amerita.

Cabe esperar que lo ocurrido con los reos de la Quinta Región, y que también se sumó la Cuarta Región, no aumente más los niveles de delincuencia o incluso, la percepción, puesto que hace algunas semanas la Fundación Paz Ciudadana dio a conocer un sondeo titulado Delincuencia y Opinión Pública, donde el 27,2% de los chilenos siente temor de ser asaltado cada vez que sale de su casa. Con ello, la percepción de aumento de la delincuencia llegó a su punto más alto de la última década.