PSU: controlar y uniformar a través del ranking

Hace poco menos de dos semanas, la prensa nacional informó que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) decidió modificar la forma en que se entrega la información relativa a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Los cambios apuntan a resguardar la validez de uso del test y una de sus principales expresiones es dejar de publicar el ya tradicional ranking de colegios de acuerdo a sus puntajes PSU. A la sorpresa, rápidamente le siguieron las reacciones, mayoritariamente de molestia y rechazo. Los críticos a la medida han elevado distintos argumentos, entre ellos que la decisión reduciría la transparencia de la información pública, que buscaría producir uniformidad en los proyectos educativos, y que atentaría contra la libertad de decisión de los padres o, peor aún, buscaría manipular sus mentes.

Tras la aparente diversidad de argumentos, existe sin embargo un origen ideológico común. Las críticas al DEMRE comparten una inspiración de corte neoliberal, para la cual el valor absoluto a resguardar no es sino la libertad de elección de los padres. Lograr este objetivo, según el relato neoliberal, sólo es posible si se cuenta con la información necesaria para que ellos puedan elegir racionalmente. Bajo esta lógica, el ranking de colegios sería un mecanismo enormemente importante, permitiendo responder a las preguntas que, de acuerdo a un periódico nacional, un apoderado habría hecho al DEMRE al solicitar estos resultados: ¿Cómo saber si determinado establecimiento lo está haciendo mejor o peor hoy que hace un año? ¿Cómo saber si está dando mayores oportunidades de ingreso a la educación superior en relación a otros establecimientos?

Pero lo cierto es que el relato neoliberal posee en su centro dos problemas fundamentales y que los críticos del DEMRE han preferido ignorar sistemáticamente. El primero, es que un mecanismo como el ranking de colegios responde únicamente a la segunda de las preguntas señaladas. La única información que realmente entrega, es el nivel de competitividad del establecimiento con respecto al ingreso de sus estudiantes a la educación superior. Algunos expertos han indicado que ni siquiera es posible saber cuánto de esta competitividad se debe a la escuela y cuánto a las oportunidades externas de sus estudiantes. Más aún, la competitividad de cada establecimiento es siempre relativa a la del resto de las escuelas. En términos de saber si una escuela “lo está haciendo mejor o peor”, el ranking no dice realmente mucho: por su propia lógica en tanto mecanismo de comparación, un colegio que lo esté “haciendo peor” – en el sentido de entregando una educación de peor calidad –, puede mantenerse o incluso subir en el ranking de un año a otro. Sólo necesita para ello que otros lo estén haciendo “aún peor”. Lo mismo puede ocurrir a la inversa: mejoras sustantivas pueden verse oscurecidas bajo lógicas comparativas que se centran en la competencia. Defender el ranking de colegios u otros mecanismos de comparación similares argumentando su potencial aporte a mejorar la calidad de la educación nacional no es apropiado, en tanto la información que entrega no dice nada respecto a ésta. Sólo entrega una fotografía del final de una carrera. Como en toda carrera, lo único que sabemos a ciencia cierta – y lo sabemos incluso antes de que ésta comience – es que algunos tendrán que llegar primeros y otros tendrán que hacerlo últimos.

Pero si ese es el caso, dirán los críticos del DEMRE, entonces basta con precisar la información que se está entregando y explicitar que el ranking de colegios no es más que esta fotografía. Si la orden del día es transparencia, continuarán, los padres podrán tomar mejoras decisiones si conocen esta información, por limitada que sea. Y es justamente aquí donde reside el segundo gran problema de esta perspectiva. Según el relato neoliberal, la escuela entrega ciertas oportunidades de ingreso a la universidad acorde a su competitividad, el ranking de colegios informa sobre éstas a los padres y estos pueden así elegir de mejor manera a qué escuela enviar a sus hijos. Pero este relato ignora que la historia no acaba aquí, porque el ranking no funciona solamente como un mecanismo de información. Dados los efectos que éste produce una vez ve la luz, obtener un buen lugar en el ranking adquiere un verdadero ‘valor de cambio’ para los establecimientos escolares: a mejor posición en éste, mayor número de individuos estarán dispuestos a escoger un establecimiento sobre otro. Coherentemente, a nadie debería extrañarle si colegios no sólo toman en cuenta el ranking, sino que modifican sus prácticas de acuerdo a éste. Y es que el ranking no es sólo un mecanismo que informa de los resultados de esta competencia, sino que un artefacto cultural que la motiva, estructurándola además en torno a un criterio concreto: los puntajes obtenidos en la PSU.

El peligro es que, como los expertos han repetido hasta el cansancio, los resultados de la PSU no reflejan la calidad de la educación que un establecimiento imparte sino sólo ciertos desempeños de algunos de sus estudiantes en áreas particulares del saber. Pero al establecerse el ranking de colegios en tanto artefacto que impacta la distribución de recursos al interior del sistema educativo – en este caso, aquellos referidos a la elección de un establecimiento escolar sobre otro –, estos desempeños específicos adquieren una relevancia que no poseen curricularmente. Como muchos actores escolares muy bien saben, un artefacto como el ranking puede traer consecuencias concretas, como llevar a las escuelas a concentrar mayor tiempo de enseñanza sólo en las áreas medidas por la PSU – descuidando otras asignaturas y actividades – o en prácticas pedagógicas relacionadas al entrenamiento y preparación de la misma. Señalar esto no es minusvalorar o subestimar a quienes forman parte de los establecimientos escolares – particularmente profesores y directivos – ni cuestionar sus buenas intenciones. Por el contrario, es concederles la misma racionalidad que los críticos neoliberales reclaman para padres y apoderados. A través de mecanismos como el ranking de colegios, se les está informando qué es lo que se valora de su labor y motivándolos a concentrarse en éstas dimensiones. En un ejemplo de lo que el filósofo francés Michel Foucault denominó ‘gubernamentalidad’, el ranking de colegios se convierte así en una técnica de control social que no se basa en la imposición explícita de un poder externo, sino que en promover la autorregulación de los individuos. En este caso, la autorregulación de sus propias prácticas pedagógicas. La gran ironía aquí es que, tras la defensa de la libertad de elección que el relato neoliberal presenta, lo que mecanismos como el ranking de colegios producen es justamente promover que los individuos se comporten de una manera y no otra, contribuyendo a la uniformidad de los proyectos educativos que sus defensores declaran rechazar.

Entre todas las crítica a la medida del DEMRE publicadas en las pasadas semanas, al menos una acusó explícitamente a la institución de poseer motivaciones ideológicas y no técnicas. La acusación es cuando menos curiosa: toda decisión política es siempre ideológica en relación a sus objetivos y técnica en relación a definir los medios más eficaces para conseguirlos. La medida del DEMRE ciertamente tiene un componente ideológico, en tanto su objetivo es contribuir a un tipo de educación escolar en particular: una educación integral, que pueda cumplir con las múltiples dimensiones que el currículum nacional pretende inculcar a la vez que dar espacio y libertad a los proyectos educativos de cada establecimiento y comunidad escolar.

Eliminar el ranking de colegios según resultados PSU es una medida técnica que ciertamente contribuye a este objetivo. Por supuesto, no basta con ella. Falta aún mucho camino por recorrer antes de poder contar con un sistema educacional donde lo más importante sean los aprendizajes diversos que se desarrollan en las escuelas y donde el foco esté en lo que los estudiantes pueden hacer con estos y no en la posición que niños, jóvenes y establecimientos ocupan en una carrera que no parece detenerse nunca. Pero hasta entonces, una medida como la tomada por el DEMRE nos lleva por buen camino, demostrando voluntad política de hacerse cargo de las consecuencias negativas de nuestros procesos de selección universitaria y, sobre todo, del efecto de estos sobre la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.