Descentralización en Chile: Nadie dijo que era fácil

Pareciera estancarse el avance logrado en la formulación y tramitación del nuevo marco jurídico que establecerá la elección directa de los gobernadores regionales, trasladará importantes competencias desde el centro político-administrativo del país a las regiones e instaurará una forma distinta de financiamiento, que pretende ampliar la autonomía local sin dejar de respetar las normas que fija el presupuesto general del Estado.

Entre otros problemas, los parlamentarios se resisten a crear una figura de tanta relevancia y perder la influencia que tienen en el nombramiento de los actuales intendentes, condicionando al conjunto del proceso con la demora en aprobar la ley que permitirá que los chilenos votemos por nuestras autoridades regionales el año 2017.

Acostumbrados a una desconcentración administrativa en cámara lenta –donde se han ido traspasando competencias desde los niveles superiores del aparato estatal, sin que ello signifique dotar de una capacidad real de decisión a los órganos desconcentrados–, ahora se trata de romper la inercia y dar un paso decisivo para la descentralización. Como aquello implica repartir de una manera distinta el poder, no debiera sorprendernos que reaccionen negativamente las estructuras que se sientan perjudicadas, intentando obstruir los cambios mediante maniobras como el desplazamiento hacia un futuro incierto de la fecha en que estas elecciones deberían realizarse.

Tampoco es inocuo priorizar rentas y funciones por encima de la elección directa del jefe regional, pues al contrario de lo que pudiera afirmar alguien que disfraza con pragmatismo su centralismo, resta fuerza a la posición de las comunidades al bloquear la participación de la gente en la generación de los cargos que deberán negociar con el Estado central y liderar la implementación de las respectivas estrategias de desarrollo.

Al ser un problema político, la respuesta debe ser política. Estas acciones se ubican en el origen de la crisis de representación que sufre Chile, ya que los dirigentes defienden sus intereses particulares y se olvidan de los ciudadanos a los cuales les deben sus cargos. Por ende, corresponde a los habitantes y a las organizaciones de cada territorio, presionar a sus respectivos legisladores para que promuevan sus demandas y, con ello, legitimen el ejercicio de la democracia.

Sobre todo, el poder Ejecutivo debe emplearse a fondo en la aprobación de estas iniciativas, pues es quien acumula una mayor cantidad de atribuciones y maneja más recursos. Además, este tema forma parte de los compromisos programáticos del actual Gobierno, constituyendo una reforma fundamental para enriquecer la participación popular y hacer viable un desarrollo nacional equilibrado.

La Constitución que nos rige indica que solo la Presidenta de la República puede destrabar el procedimiento parlamentario, aumentando la urgencia con que debe discutirse el proyecto, por lo que es necesario hacer ver a La Moneda que es fundamental acelerar los tiempos y concretar las promesas.