La Política Habitacional, Los Barrios y la Revolución Urbana en Chile

En Chile, la ausencia del Estado en materias de planificación urbana y territorial, la inexistencia de una política de suelo, y las políticas habitacionales que no hacen más que subsidiar un mercado inmobiliario para las clases medias y bajas, devinieron en décadas pasadas en una constante expansión del radio urbano, y más recientemente en la hiper densificación de las comunas centrales en las principales metrópolis del país. Este modelo provoca la expulsión de la población más vulnerable a sectores periféricos aumentando considerablemente la segregación metropolitana en Santiago, Valparaíso y Concepción. Pero también afecta a gran parte de las conurbaciones de ciudades intermedias que están ad portas de conformarse en grandes ciudades como: Iquique – Alto Hospicio, Antofagasta, Coquimbo – La Serena, Rancagua – Machalí, Talca y Temuco – Padre Las Casas, cuyos conos de alta renta son cada vez más nítidos, sus centros históricos cada vez más deteriorados y su pobreza urbana está cada vez más concentrada, muchas veces limitadas en su conectividad y segregadas por barreras geográficas.

Lo anterior ha exigido una permanente doble inversión estatal, ya que al día de hoy, no sólo se subsidia (léase “paga rentabilidades privadas”) la construcción de la vivienda social, sino que también se gasta inconmensurables sumas de dinero en “generar barrios” en la gran cantidad de desarrollos inmobiliarios privados, ya sea dotando de servicios básicos, vialidad, equipamiento y espacios públicos mínimos en la periferia, como también regenerando la infraestructura y el espacio público de las áreas centrales.

A pesar de que las políticas habitacionales han avanzado de un paradigma basado en la cantidad hacia una preocupación mayor por la calidad, destacando programas como “Quiero mi Barrio” (regeneración de espacio público), Protección del Patrimonio Familiar (mejoramiento de vivienda), nuevos subsidios a la localización e integración social; aún se está lejos de configurar un sistema que defienda a la vivienda y el barrio de manera integral como un derecho social y motor del desarrollo familiar y comunitario, considerándolos a ambos de manera indisoluble en la conformación del hábitat.

Creemos que el problema de la vivienda y barrio debe ser abordado desde el interés público, superando el actual sistema subsidiario que fracasa en su búsqueda por equilibrar un modelo neoliberal per se imperfecto, basado en la mercantilización de la vivienda, el uso de ésta como patrimonio económico más que social y el creciente endeudamiento hipotecario de millones de familias.

Buscamos así avanzar hacia una nueva política urbana y habitacional en la cual el Estado tenga plena facultad de gestionar, construir e incluso de mantener la propiedad de una parte de la oferta habitacional destinada a apoyar grupos definidos. Para todo lo anterior, es fundamental fortalecer los municipios con un respaldo político y financiero que derive en recursos técnicos a la altura del problema, mediando entre las comunidades y los organismos sectoriales, y cuyo conocimiento de las necesidades del territorio aporte a la toma de decisiones de: dónde, cómo y para quiénes se desarrollarán no sólo las viviendas sino también los barrios. Al mismo tiempo y no menos importante debe ser el rol de pobladores, comités de vivienda y otras agrupaciones, para lo cual se deberán establecer nuevos y mejores espacios de participación y co-creación que promuevan, apoyen y validen procesos de diseño participativo en toda fase del proyecto, autogestión de la comunidad y su consecuente producción del hábitat.

Además, es necesario generar nuevos modelos de gestión y propiedad de la vivienda de interés público que complementen o reemplacen los actuales antes mencionados. Por ejemplo, se debe diversificar la tenencia, promoviendo un modelo de renta o alquiler social, que no implique regalar dinero público a rentistas, donde los gobiernos de ciudad con apoyo del gobierno central, puedan administrar y organizar una oferta bajo parámetros definidos sin ceder la propiedad, lo que permitiría soluciones efectivas y transitorias para segmentos de la población cuya movilidad intercomunal o interregional es fundamental para el desarrollo laboral sobre todo a temprana edad, o a segmentos de clase media en transición que hoy sólo tienen la posibilidad de endeudarse en un mercado inmobiliario de precios escandalosos o restringirse a habitar una vivienda precaria y periférica por los años que exige un subsidio estatal.

En el caso de la tercera edad, entendemos como imperativo generar un sistema de comodato administrado por gobiernos locales o de ciudad, que entregue una solución pública a la precariedad de miles de personas en edad avanzada, muchas de éstas con movilidad reducida, que hoy no sólo deben sufrir las consecuencias de un sistema de AFP capitalista, sino que además deben mantener el arriendo de su vivienda o habitar una con problemas de allegamiento.

En el caso de la población inmigrante, con casi medio millón de personas, se hace urgente no sólo haber ya mejorado el sistema de subsidios para este grupo, que hoy puede postular a los 5 años de residencia en el país, si no que entender, formalizar y apoyar la problemática particular de hacinamiento y habitabilidad que tiene esta población ubicada en sectores centrales y peri centrales de nuestras principales ciudades y que hoy permanece sin soluciones efectivas. Estas propuestas, deben estar apoyadas por sistemas que las sustenten en el largo plazo, como por ejemplo un banco de suelo financiado por impuestos sobre la ganancia de transacción inmobiliaria privada, o aumentar el rol público en estas materias bajo modelos público privados que bajo un estricto marco regulatorio (rentabilidad y alquiler) permita al estado comprar suelo bien ubicado, concesionarlo y destinarlo a vivienda de interés público.

Avanzando específicamente a la vivienda propiamente tal y enfocándose en los sectores más desfavorecidos, es urgente generar una mayor sintonía en las políticas emanadas del MINVU para con los municipios. Si bien se ha avanzado en estas materias, hoy hay miles de familias de escasos recursos que no pueden optar a subsidios de mejoramiento ya que sus viviendas no están aptas legalmente (regularización, títulos de dominio, recepción final, etc.). Estas exigencias en la postulación generan la marginación automática de quienes probablemente más lo necesitan. En el área de campamentos, creemos indispensable dar mayor énfasis en los sistemas para la radicación y rehabilitación del parque de vivienda social, promoviendo la permanencia de la población y tejido social donde probablemente nacieron, se desarrollaron y hoy tienen sus redes. En este sentido y de manera urgente se debe apoyar desde el gobierno central a aquellas comunas que por recursos no logran subir el estándar de las viviendas que hoy comunas con mayores ingresos si pueden, finalmente, desde los gobiernos locales es imperante incentivar la autogestión impulsando la generación de cooperativas de vivienda de propiedad colectiva.

En definitiva, tal y como creemos en la educación gratuita y de calidad como un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad cada vez más justa, también creemos en el derecho a la vivienda y a la ciudad como una plataforma básica para el desarrollo de una vida digna, que sitúe a las comunidades, familias y personas en el centro de la política habitacional. Derecho que debería consagrarse en una nueva constitución que vele por la existencia de vivienda de interés público, bien ubicada e integrada socialmente, inserta en barrios de vocación cívica, con espacios públicos y equipamientos de calidad, donde los vecinos puedan apropiarse, expresarse y volver a construir una sociedad colaborativa, un hábitat cuya identidad y pertenencia se consolide a través de la producción social del hábitat, contando con el apoyo de gobiernos locales y de ciudades cada vez más fortalecidos.

Por todo esto, te invitamos a tomar partido por una nueva ciudad inclusiva, por una nueva gobernanza urbana, por terminar con el sistema subsidiario y financiarización del hábitat, donde los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones. A tomar partido por la Revolución Urbana, es decir, por la Revolución Democrática.