¿Es justa la gratuidad universal?
Chile no debe permitir que quien más grite sea quien defina las políticas públicas y la asignación de recursos en un tema tan relevante como la educación. Menos aún si esta asignación es egoísta, pues favorece a los mejor preparados a costa de los más necesitados.
Construye Sociedad es Movimiento político socialcristiano que trabaja por un Chile más justo y solidario, buscando reincorporar a los más vulnerables al desarrollo del país.
Juan Luis Chomalí y Tomás Pérez-íñigo
La gratuidad en la educación superior se ha tomado la agenda política convirtiéndose en uno de los temas más polémicos de los últimos años. Al mismo tiempo, se ha vuelto complejo opinar en contra de la verdad que impone el movimiento estudiantil, pues la sana discusión de ideas ha sido reemplazada por consignas y amenazas. Sin embargo, cabe cuestionarse uno de los principales dogmas que se han establecido: ¿es justa la gratuidad para todos los que entran a la educación superior?
Pareciera que no, pues es una política pública regresiva e ineficiente.
Es regresiva porque, en la asignación de recursos escasos, se privilegia a la parte menos vulnerable de nuestra sociedad, es decir, a aquellos que ya cuentan con la preparación suficiente para ingresar a la educación superior. La discusión sobre si la gratuidad se financia con impuestos generales o específicos es irrelevante; en cualquier escenario existirán miles de usos alternativos con mayor rentabilidad social. Por ejemplo, asegurando una muy buena educación inicial para todos o una escolaridad completa para los más de 750.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, quienes hoy ni siquiera sueñan con la enseñanza superior.
También es ineficiente, pues, al ser rentable continuar estudiando, la mayoría lo hace cuando no tiene necesidades financieras relevantes en el corto plazo y cuenta con financiamiento a un costo razonable (no necesariamente nulo). La gratuidad no va a lograr retener a los alumnos que deben dejar sus estudios, ya sea para trabajar y sostener a su familia o porque no cuentan con la suficiente formación académica. Así, esta política pública no comprende un cambio estructural que mejore el acceso o la calidad del sistema; el impacto de la gratuidad universal es únicamente financiero.
Todo lo anterior no quiere decir que el sistema sea perfecto o que no sea razonable que se aumenten los recursos que aporta el Estado.
Si bien el acceso ha aumentado radicalmente, los créditos han sido insuficientes -con préstamos que no cubren el arancel completo- obligando a los alumnos a buscar el diferencial en la banca tradicional, muchas veces dejándolos con mochilas financieras pesadas de llevar. Lo anterior se agrava con la incertidumbre de poder perder el empleo o tener un bajo sueldo en el futuro, producto de la mala formación entregada por algunas instituciones de educación superior. En el fondo, muchos estudiantes no han contado con la tranquilidad necesaria para completar satisfactoriamente la educación superior.
Se debe avanzar hacia un sistema universal de becas y créditos que sea suficiente y sustentable, que cuente con un nivel de subsidio contingente al nivel socioeconómico y que elimine los riesgos y déficits del sistema actual.
En el gobierno pasado se avanzó bajando las tasas de interés, protegiendo a los alumnos frente al desempleo y limitando el monto de la cuota a un porcentaje máximo del sueldo. Sin embargo, muchos estudiantes siguen sin acceder a préstamos suficientes para cubrir el arancel completo de sus carreras o, peor aún, no cuentan con recursos ni financiamiento para solventar los gastos de su vida diaria (alojamiento, transporte, alimentación, etc.). Avanzar en esta dirección sería justo porque, al resolver las principales necesidades de los alumnos a un costo mucho menor comparado al que tendría la gratuidad universal, se equilibrarían las necesidades de los estudiantes de educación superior con las carencias de otros miles de jóvenes que por diversas razones nunca entraron a la enseñanza superior o no pudieron terminarla.
Chile no debe permitir que quien más grite sea quien defina las políticas públicas y la asignación de recursos en un tema tan relevante como la educación. Menos aún si esta asignación es egoísta, pues favorece a los mejor preparados a costa de los más necesitados. Nuestro país debe avanzar hacia una educación verdaderamente solidaria, que acoja y resuelva las necesidades reales de los estudiantes de educación superior, pero sin dejar a los estudiantes más vulnerables detrás.
