La ley y la trampa

En Chile molesta la palabra corrupción, aunque convivamos con ella de manera casi corriente. Claro, incomparable con las imágenes de bolsos de dólares guardados en conventos o en cajas de seguridad que se ven en países cercanos o con cuentas poco claras en bancos off shore, o con manejos turbios de pseudo populistas en Latinoamérica, Chile también vive un proceso de corrupción aunque, en este caso, institucionalizada. Casi de la peor.

Un país en el que el manejo de unos pocos dirige el consumo, la inversión y el ahorro, es claramente un país en el que el espacio legal siembra dudas. Dudas por quién o quienes fueron los creadores de una legalidad que claramente favorece los intereses de quienes tienen la posibilidad de acceder de una u otra forma a instancias de poder. Y el poder no es malo, pero depende quien lo ejerce.

La institucionalidad que muchas veces se plantea como atributo diferencial frente al resto de Latinoamérica, no es más que un servicio de exportación. Porque la seguridad jurídica para los ciudadanos en el país, puertas adentro, aún está en deuda y en duda.

Más allá de los avatares que vive la gente común en torno a la educación, la salud y la seguridad (no voy a hablar de justicia social porque sería un despropósito a estas alturas), ahora se suma la angustia provocada por la duda acerca del ahorro futuro de los trabajadores.

Un tema no menor que de tanto en tanto aparece como un despertador de una sociedad adormecida y focalizada en la competencia por sobrevivir.

Las tan preciadas AFP, el modelo ejemplificador diseñado para que los privados más eficientes puedan administrar el dinero del común de las personas, está en duda.

Y la duda no es si el ahorro jubilatorio debe ser administrado por el Estado o por privados, sino cómo se conduce ese proceso de decidir y dirigir sobre el futuro económico de las personas comunes. Queda claro que quienes más tienen, esa elite que concentra la riqueza, no requiere de una AFP, ya que son inversores sofisticados. Aquí hablamos de la gente común que confía en empresas que deberían prometer un futuro a partir de una administración cuyos valores estén orientados a la transparencia, austeridad, agilidad y empatía con el beneficiario. Pero aquí parece ser que no fueron creadas como una solución para el futuro de las personas, sino como una fuente de creación de valor económico para accionistas y como un espacio de oportunidad de riqueza para sus ejecutivos. Todo mal.

Porque si suponemos que las empresas son dirigidas por seres vivos a los que se consideran naturalmente voraces, alguien pierde. Y pierde el más débil. Siempre.

El problema no es el sistema, sino quienes lo conducen. De nada servirá una AFP estatal que busque competir con las demás, si se vuelve a armar una superestructura burocrática cuya inflamación “profesional” genere costos inalcanzables.

Las AFP actuales son un centro de poder y riqueza para quienes las conducen, que crearon estructuras absurdas y asignándose sueldos obscenos en un espacio sin competencia, con un mercado cautivo (Como le encanta al empresario dinosaurio), y con una burocracia creciente. Ineficiencia que todos pagan. Ni transparencia, ni austeridad, ni empatía. Sólo un grupo de ejecutivos que hacen negocios de lo público con la voracidad de no pensar en el público. Y pensar que antes ser “ejecutivo” exitoso, rápido, negociador y aprovechador era admirable. Ahora también eso es una duda.

El futuro del sistema jubilatorio no es un problema de estatales o privados. Es un problema de conducción de quienes se encarguen de manejar el compromiso para con la gente y de regulación del Estado para que esa conducción sea justa. Justa.

Más allá de una AFP Estatal, que puede ser o no ser, lo que se necesita es presencia activa del Estado en el control de estas empresas tan sensibles. Porque una AFP no es un banco, ni un centro comercial, ni una aerolínea… es una promesa de futuro para la gente.

Por todo eso, sería bueno que la Ley no sea un trampa. A no olvidarlo.